Rebeca Marín
El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el que le recortan 4,913 millones de pesos al presupuesto en comparación a lo que solicitó el órgano electoral.
"El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de revocación de mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo", dijo en comunicado.
El organismo electoral señaló que con el recorte, la Cámara de Diputados lo dejó sin fondos para cumplir con la revocación de mandato que se realizará en abril del próximo año, donde se determinará si el presidente Andrés Manuel López Obrador finaliza su administración en 2024 o en 2021.
El organismo encabezado por Lorenzo Córdova explicó que al elaborar su propuesta presupuestaria contempló los recursos para la revocación de mandato y para una probable consulta popular; ello atendiendo lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre que la autoridad electoral tenía la "obligación de prever" los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
"Al no haber sido otorgados por el Legislativo los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede en mucho la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato", señaló.
El INE señaló que al no contar con dicho presupuesto, no está en condiciones de cumplir sus funciones como la mandata la Constitución y la ley para realizar la revocación de mandato; además, aseguró que con el recorte presupuestal se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Carta Magna y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía.
"El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana. Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia de este país y subraya que, para el cabal cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, el INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza", finalizó.
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