*Son alrededor de 1 mil mdp de gasto federalizado los que falta por aclarar
Lino Calderón
La senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, solicitó que se investigue y sancione a los responsables de las irregularidades encontradas por alrededor de mil millones de pesos, en la cuenta pública del 2020 del Gobierno del Estado de Baja California, 200 mdp corresponden al Ejecutivo estatal, y el resto a los municipios de Tijuana y Ensenada, correspondientes al periodo del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez.
La legisladora por Acción Nacional, presentó al Senado de la República, un punto de acuerdo en el que exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California para que investiguen a detalle y lleven a cabo las sanciones administrativas y penales que se deriven de las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública del año 2020, del Gobierno del Estado de Baja California.
Gina Cruz destacó que la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, encontró múltiples y serias irregularidades en materia de ejercicio del gasto federalizado durante la administración de Bonilla Valdez.
"El monto total de las irregularidades detectadas asciende a más de 1 mil millones de pesos, lo que representa un considerable daño al erario. Tan sólo en lo relativo al Gobierno del Estado se han detectado irregularidades por más de 200 millones de pesos, de las cuales, un alto porcentaje, corresponde al sector salud; estas irregularidades son particularmente graves en un entorno de pandemia que ha causado muerte y dolor en el Estado".
La tercera entrega del Informe de la Auditoría documentó 198 millones de pesos en el sector salud, expuso.
Un segundo pliego de observaciones del ISESALUD documenta: Un probable daño por 57 millones, 319 mil pesos, por no proporcionar la documentación comprobatoria del gasto, consistente en remisiones de entrada al almacén con firma y sello de recibido, evidencia fotográfica de los bienes que demuestre la cantidad, caducidad (no debe ser menor de 18 meses), empaques primario y secundario que presenten marca, lote, descripción y leyenda "propiedad del sector salud, prohibida su venta" y que haya utilizado sistema de red fría para su transporte y almacenaje, ni presentaron evidencia que constate que los insumos adquiridos cumplen con los requisitos de calidad establecidos en la Ley General de Salud.
Otra observación documenta un daño por 54 millones, 956 mil 620 pesos:
En una muestra de 34 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, se detectó 1 contrato con número LIMPIEZA-314/2020, suscrito por el Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, con un monto contratado por 55 mil pesos, del cual no se proporcionó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, consistente en investigación de mercado, suficiencia presupuestal, dictamen de adjudicación, contrato debidamente formalizado, acta de nacimiento, fianzas, evidencia fotográfica, evidencia de entregables (listados de asistencia o bitácora), acta de entrega recepción de los servicios contratados, así como las facturas, pólizas, SPEI, entre otros.
También se han referido irregularidades en la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo: "el Instituto de Servicios Educativos Pedagógicos de Baja California hizo 441 pagos improcedentes por 3 millones 141.9 pesos a 57 trabajadores identificados como "deceso".
Además, la Auditoría detectó que se registraron: "incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un monto que no se corresponde con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2020 con los recursos del fondo".
La Auditoría estableció, con respecto al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral que:
El Gobierno del Estado de Baja California registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales y transparencia, así como de los Criterios de Operación del programa y del Convenio de colaboración que generaron un monto por aclarar de 51 mil 100 pesos, las cuales representan el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.
Además, la Auditoría "detectó irregularidades por 785 millones 837 mil 200 pesos (780 millones 176.8 mil pesos del Fortamun y 5 millones 660 mil 400 pesos del Fortaseg) en la Cuenta Pública 2020, cuando Arturo González Cruz fungía como titular del Ayuntamiento de Tijuana".
El municipio de Ensenada también incurrió en irregularidades con respecto a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
La legisladora por Acción Nacional señaló que estas diversas irregularidades son apenas una muestra de la amplia gama de posibles actos de corrupción en los que incurrió el Gobierno del Estado, ya que la Auditoría trabaja sólo con una muestra del total del universo auditable.
La gravedad de las irregularidades cometidas durante la administración del gobernador Jaime Bonilla merecen una sanción ejemplar, toda vez que se trata de recursos federales, los cuales fueron utilizados de forma indebida, aseveró Gina Cruz.
El Código Penal Federal, en su Título Décimo contempla los Delitos por Hechos de Corrupción. En específico, el artículo 223, fracción I, establece que comete el delito de peculado: "Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa".
Por otro lado, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California prevé expresamente en su artículo 4, fracción II que son sujetos de la Ley: "Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley".
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