Martín Aguilar
Elementos de la Guardia Nacional (GN) realizan labores de resguardo personal de distintos funcionarios del gobierno federal, legisladores, diplomáticos, líderes religiosos, alcaldes, jueces y a titulares de organismos autónomos.
Por instrucciones de Rosa Ícela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al comisario general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, miembros de ese organismo han dado servicios de resguardo a funcionarios federales, como al subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell.
Un documento de la SSPC, detalla que el 25 de abril de 2020, casi un mes después de que el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria por la epidemia de Covid-19, se hizo una evaluación de riesgo a López-Gatell, el llamado zar anti Covid de México, y se determinó procedente asignarle cuatro efectivos de la Guardia Nacional.
"Fue informado de la puesta a disposición de los cuatro efectivos de la Guardia Nacional que le fueron asignados para su protección personal, derivado del diagnóstico, estudio y evaluación de riesgo que le elaboraron mediante entrevista, el 25 de abril de 2020, debido a que recibió amenazas calificadas como reales y de consideración durante el desempeño de sus funciones", se precisa en el documento.
También es el caso de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, quien solicitó "extender la comisión de elementos de la Guardia Nacional" para ella y para el subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia, Miguel Ángel Maciel Torres.
En todas las peticiones se solicita mantener o extender el servicio de seguridad personal de elementos de la GN por "amenazas" hacia los funcionarios o hacia sus familiares.
Son los casos del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo; del director general de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, y de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.
En el caso de Sheffield Padilla el funcionario solicitó el resguardo de elementos de esa instancia de seguridad para asistir, el 10 de octubre de 2021, a la toma de protesta de la presidenta municipal de Moroleón, Guanajuato, Alma Denisse Sánchez Barragán, debido a "la violencia que se presenta en esa entidad".
En el documento, con fecha del 7 de octubre de 2021, que firma la directora general técnica de esa dependencia, Patricia Carmona Domíngez, también se instruye a Rodríguez Bucio atender esas solicitudes de resguardo a personajes como el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, o al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
Con el volante SSPC-21-08-03820, Evelin Salgado Pineda, gobernadora del estado de Guerrero por Morena, solicitó "la continuidad del servicio de seguridad a su persona que le otorgan elementos de la Guardia Nacional".
Un caso aparte es el del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, para quien el defensor público solicitó lo custodiarán de su domicilio a una clínica dental en la ciudad de Chetumal para 14 sesiones de tratamientos odontológicos, dos veces por semana, en sesiones de dos horas, bajo el expediente S.E. 6/2021-IV, que elementos de la GN.
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