La característica del presente régimen es callar a las voces críticas, mediante la llamada Ley del Garrote por los constantes ataques y denuncias públicas, penales o privadas.
Eso no es nuevo y no inició durante este gobierno, es una de las constantes de Andrés Manuel López Obrador desde su época de jefe de gobierno.
Cuando despachaba en el viejo Palacio del Ayuntamiento, argumentaba que había un complot desde el poder.
Desde entonces, acusaba a los propietarios de los medios de comunicación de estar el servicio del gobierno federal en turno.
Como hoy, desde entonces le desagradan las preguntas incómodas, desatando su lado iracundo al menor descuido.
Durante sus asambleas de protesta por lo que llamó el fraude de Felipe Calderón, permitía que sus huestes agredieran a reporteros que cubrían sus actividades.
Y una vez que llegó a la Presidencia, no varió un centímetro esas actitudes de atacar a los periodistas críticos.
Al presidente no le gusta para nada la verdad, sólo la que él considera que lo es, aunque tenga el disfraz de mentira.
Lo peor de todo es que esa manera de actuar de falta de respeto a la libertad de expresión, es replicada por sus allegados.
Por ejemplo, en una entrevista que Joaquín López Dóriga le hizo a la aspirante a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, ésta le llamó misógino.
Todo porque el periodista puso en duda un eventual triunfo, cuando no pudo lograrlo en la encuesta donde salió arriba Omar García Harfuch.
Estos días la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPER) alzó la voz en defensa de la libertad de expresión.
Calificó de "disparate" utilizar el tema de la "violencia política de género" para callar a los periodistas que cuestionan el actuar de los funcionarios públicos.
"La denuncia que existe en contra de Denise Dresser, Carlos Loret y Raymundo Rivapalacio, así como nuestro compañero académico Leopoldo Mendívil, es sin lugar a dudas una amenaza para quienes ejercemos el periodismo", señalaron.
La Academia dejó en claro que la tarea del informador no es cómoda para ciertos sectores del gobierno y otros grupos de poder como sucede con el crimen organizado.
Por ello, demandan frenar cualquier acción legal que intente colocarle "un bozal" a los comunicadores del país.
De hecho, frente a cualquier tema que aborda un comunicador, ya sea mediante análisis o cobertura como sucedió en Acapulco, su labor es cuestionada y atacada desde el poder.
Esa es la característica de la llamada cuarta transformación: callar las voces críticas que incomodan al gobierno.
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