Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia con la promesa de un país más justo. Una científica al mando. Una líder que habla de derechos, de justicia, de transformación. Pero ayer, desde Palacio Nacional, defendió que las personas puedan ir a la cárcel sin juicio.
Así, sin pruebas, sin defensa, sin sentencia. Lo consideró "una herramienta útil". La justificó como si fuera sentido común. Como si meter a alguien a la cárcel fuera el único antídoto para garantizar justicia en el país.
La figura se llama prisión preventiva oficiosa. Y no es nueva. Tiene muchos años en nuestra Constitución. Lo nuevo es que ahora tiene defensores "de izquierda" que la justifican con todo. Y que desde 2018 se han triplicado los delitos que merecen prisión automática.
Ayer, en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que "no debe quedar a criterio del juez". Que hay delitos donde se tiene que encarcelar de entrada "por seguridad". Pero esa idea es todo lo que está mal. Porque elimina un elemento clave que hace justo a un sistema judicial: el juicio.
¿Para qué queremos jueces si no pueden decidir? ¿Nos conformamos con una acusación del Ministerio Público?
En su defensa de la prisión preventiva oficiosa, la Presidenta no mostró un solo dato que demuestre que esta medida sirva para frenar al crimen organizado.
Y no lo hizo porque no existe. Organismos como México Evalúa y Human Rights Watch ya han documentado que esta figura no reduce la violencia, no mejora la seguridad, y sí colapsa las cárceles con personas pobres, acusadas de delitos menores, sin sentencia y sin poder pagar defensa.
Uno de cada tres de quienes están hoy en prisión en México no han sido condenados. Uno de cada cinco lleva dos años o más sin juicio. Miles de mujeres están presas bajo esta figura, muchas de ellas criminalizadas por sobrevivir al narco o por ser usadas como mulas.
No son delincuentes de alto perfil. Son mujeres pobres, sin apoyo, sin nombre.
Quizá lo más grave no es la prisión preventiva oficiosa en sí. Sino el modelo completo que la sostiene.
Hablamos de un modelo que profundiza la militarización de la seguridad pública, que desprotege a las policías locales, que abandona a los ministerios públicos y que no mejora los juzgados locales.
Ahí es donde más se atora el acceso a la justicia. Ahí es donde menos se invierte. Sin embargo, se prefiere mirar a otro lado, porque es más complejo y más difícil de vender electoralmente.
Esta semana, la ministra Margarita Ríos Farjat acaba de proponer en la Corte lo obvio: que cada caso sobre prisión preventiva oficiosa ante un juez se analice. Que no se aplique la cárcel por rutina. Que los jueces sean jueces, no máquinas de encarcelamiento.
En su proyecto, la ministra no pide impunidad. Ni pide privilegios. Pidió legalidad. Sentido común. No es de extrañar que pronto el oficialismo inicie un linchamiento mediático. Porque en este régimen, quien defiende los derechos humanos termina siendo visto como enemigo.
Parece obvio, pero hay que decirlo: una verdadera transformación no se mide en cárceles llenas, sino en prevención del delito y justicia cercana para las víctimas. Y hoy, se pretende normalizar una idea en todo el país: todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario.
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