Nancy Grajeda
El 12 de junio se conmemoró el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, como una forma de visibilizar esta fecha tan crucial para la niñez que se encuentra sumida en la explotación laboral, cuando sus únicos intereses deberían basados en educarse, y en vivir su infancia, que está siendo arrebatada.
Justo un día antes del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día Internacional del Juego, se hizo público el informe, titulado Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2024, tendencias y el camino a seguir, y los resultados son estremecedores, sobre todo por el contraste con estas fechas sumamente importantes. Ante esto se concluye que el mundo no ha alcanzado su objetivo de eliminar el trabajo infantil tampoco para este año, 2025. En 2024 cerca de 138 millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales 54 millones realizan trabajos peligrosos que pueden poner en riesgo su salud, seguridad o desarrollo, según las nuevas estimaciones mundiales publicadas por la OIT y el UNICEF.
Según los datos obtenidos en este informe se señala que la agricultura continúa siendo el mayor sector de trabajo infantil, con el 61 por ciento de todos los casos, seguido de los servicios (27 por ciento), como el trabajo doméstico y la venta de productos en los mercados, y la industria (13 por ciento), incluidas la minería y la fabricación, muchos niños siguen trabajando en minas, fábricas o campos, a menudo realizando trabajos peligrosos para sobrevivir.
El trabajo infantil pone un freno a la educación de los niños, limitando sus derechos y sus oportunidades futuras y poniéndolos en riesgo de sufrir daños físicos y mentales.
Es importante recalcar que el trabajo infantil se deriva de una problemática muy grave: la pobreza que padecen las familias a nivel mundial, pobreza que trae como consecuencia, en primer lugar, una falta de acceso a una educación de calidad, y segundo, lo que empuja a las familias a enviar a sus hijos a trabajar y perpetúa los ciclos de pobreza y miseria. Los jefes de familia a su vez no tienen acceso a un trabajo bien remunerado que les genere recursos suficientes para mantener a su familia, educar a sus hijos, brindarles una educación de calidad y satisfacer todas sus necesidades de alimentación, vestido, recreo, situación que trae como consecuencia que los pequeños tengan que salir a buscar un trabajo y que sean víctimas de la explotación.
Y en nuestro país la situación no es distinta, pues los niños continúan siendo los más vulnerables de sufrir explotación, debido a su indefensión, necesidad de adquirir recursos para ayudar en la manutención de sus familias, y por conductas abusivas por parte de sus empleadores.
Y ante esto, quien está para responder por todos los abusos que se cometen con los niños en varios sectores de la producción, en donde no se respeta a los niños y se les vincula a trabajos incluso peligrosos que ponen en riesgo su vida o su salud, nadie, y quienes deberían de responder no sólo de palabra sino con recursos para resolver esta grave situación, los gobiernos en turno, no lo hacen y no les importa hacerlo pues están más preocupados en seguir financiando elecciones cuyo sello es el gran derroche de recursos públicos.
En México, uno de cada ocho menores de 5 a 17 años trabaja, es decir, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes, un 13.1 por ciento del total de población infantil en ese rango de edad, en jornada extenuantes de 8 y 10 horas diarias y en promedio 6 días a la semana incluso los domingos, los estados que más presentan ese fenómeno de trabajo infantil son Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, estados que se distinguen también por presentar altos índices de pobreza y rezago en varios rubros, según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
"La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, señaló que de esos 3.7 millones de menores, 2.1 millones desempeñaban ocupaciones no permitidas, es decir, labores que infringen normas laborales por edad mínima o condiciones peligrosas", Infobae, 12 de junio de 2025.
A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normatividad mexicana establecen que los menores de 15 años no deben trabajar, esto lamentablemente no es respetado.
Por ende, el estado mexicano nos ha quedado mucho a deber, pues no ha cumplido con sus obligaciones y no hace valer los derechos de la población y menos de nuestros niños entre los rubros que conforman el derecho a la educación: acceso a la escuela, a una educación sin rezago y de aprendizajes relevantes para la vida.
Urge que quienes tienen en sus manos las riendas del país se pongan realmente a trabajar y a generar políticas públicas realmente encaminadas a favorecer a los sectores más desprotegidos en nuestro país, que se preocupen por salvar a nuestros niños de las garras de la explotación infantil. A los niños hay que abrirles paso para que se eduquen, para que adquieran cultura, para que se conviertan en grandes artistas, en científicos. Si así lo hacemos estaríamos abonando a nuestra patria las semillas de progreso, que más tarde florecieron en ciudadanos bien preparados y aptos para fincar las bases de un patria más justa y más competitiva, que tanta falta nos hace.
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