Martín Aguilar
Senadores y diputados federales del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra de la reforma al Código Penal de Puebla que tipifica el delito de "ciberasedio", al advertir que representa una amenaza directa a la libertad de expresión en internet y puede utilizarse como instrumento para castigar la disidencia digital.
La senadora Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, denunció que el nuevo artículo 480, publicado el pasado viernes 13 de junio en el Periódico Oficial del Estado, "es una clara muestra de los ánimos del régimen por acallar las voces ciudadanas".
"Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía fuerte e informada que denuncie los abusos del poder, y una oposición crítica frente a estas nuevas formas de censura disfrazadas de legislación", advirtió.
Barrales subrayó que el Congreso de la Unión no puede permanecer pasivo ante iniciativas estatales que funcionan como leyes mordaza. Anunció que su bancada recurrirá a todos los mecanismos institucionales disponibles para frenar este tipo de disposiciones punitivas.
Por su parte, la diputada Nohemí Luna, vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, no sólo cuestionó la reforma aprobada por el Congreso de Puebla —que contempla penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos— sino también denunció el encarcelamiento del periodista Jorge Luis González Valdez en Campeche, exdirector del medio digital Tribuna, acusado de "incitación al odio" por publicaciones críticas contra la gobernadora Layda Sansores.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también se sumó a las críticas. A través de sus redes sociales, calificó la medida como "una puñalada a la libertad de expresión y un ataque frontal a los derechos humanos".
Morena no quiere un pueblo informado, lo quiere sometido, callado y con miedo. Así gobierna Morena: con represión, persiguiendo a periodistas y opositores, intimidando a quienes piensan distinto y blindando a los suyos con leyes a modo, Alejandro Moreno.
Moreno llamó a dar la batalla "en la calle, en el Congreso y en cada rincón de México", y aseguró que el PRI está listo para defender el México de libertades.
Alejandra Barrales advirtió que diversas organizaciones de la sociedad civil han alertado sobre los riesgos de esta reforma, que introduce un tipo penal con definiciones imprecisas, carentes de técnica jurídica y con alcances tan amplios que podrían ser utilizados para perseguir a periodistas, activistas o simples ciudadanos que cuestionen al poder.
Este delito, bajo el pretexto de combatir la desinformación, en realidad busca amedrentar, silenciar y castigar a quienes ejercen su derecho a opinar, criticar o denunciar abusos. Alejandra Barrales.
También cuestionó la incongruencia de los gobiernos que se asumen de izquierda pero imponen restricciones a la crítica ciudadana. "Es inadmisible que quienes luchamos durante décadas contra este tipo de actos autoritarios, ahora que están en el poder pretendan condicionar la opinión libre en redes y medios digitales", dijo.
En medio de la creciente presión, el gobernador de Puebla Alejandro Armenta emitió un comunicado este domingo en el que solicitó al Congreso local revisar el contenido de la reforma y abrir espacios de diálogo con actores sociales y defensores de derechos humanos.
"Le solicito respetuosamente a la maestra Laura Artemisa García, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, establecer foros en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones de padres de familia y colegios de abogados para analizar la Ley de Ciberseguridad en lo correspondiente al ciberacoso", señaló
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