Martín Aguilar
Ante las recientes declaraciones del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, en las que deja entrever que el juez encargado de conceder el amparo contra la construcción del proyecto denominado "Utopía" actúa movido por antecedentes de litigio contra el gobierno capitalino, el Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa y los pobladores expresaron su "enérgico rechazo a tales afirmaciones".
Los pobladores lamentaron que el funcionario pretenda desconocer, que la decisión judicial que ordenó la suspensión de las obras fue ratificada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual está integrado por tres magistrados: Joel Carranzo Zúñiga, Armando Cruz Espinosa y María Eugenia Martinez Carrillo, quienes desestimaron los argumentos del gobierno de la Ciudad de México.
Explicaron que lo anterior muestra que es falso que la decisión de los intereses de un solo juzgado
"La resolución del juez la pudo haber tomado cualquier otro juez o magistrado, ya que responde a las graves irregularidades cometidas en el proceso de consulta, en el que nuestro pueblo fue utilizado para organizar una consulta cuyo resultado fue aparentar un consenso inexistente", dijeron.
Y asegurado que en dicha consulta se incurrió en múltiples inconsistencias, desde la falta de información veraz, libre y previa, hasta la cooptación de estructuras gubernamentales para inclinar el resultado en favor de la obra.
Consideraron que es sumamente preocupante que el Gobierno de la Ciudad de México, en lugar de atender las múltiples voces que se han pronunciado contra el proyecto, insista en dar por hecho su realización en San Pedro Cuajimalpa.
Esta postura evidencia un desdén absoluto por los principios de legalidad, autodeterminación y participación efectiva de los pueblos originarios.
"Reiteramos que la comunidad de San Pedro Cuajimalpa está en contra de la imposición del proyecto "Utopía", como lo hemos expresado en múltiples espacios, foros y recursos legales. Nuestros argumentos han sido públicos, razonados y sustentados, y hasta ahora no han podido ser refutados".
Y responsabilizaron al gobierno de la Ciudad de México de cualquier intento de desacreditar a quienes desde el ámbito judicial o comunitario ejercen su derecho a la defensa del territorio.
"Las declaraciones como las emitidas por el secretario Cravioto no sólo son falsas y ofensivas, sino que constituyen una forma de presión indebida hacia el Poder Judicial y una descalificación al ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos originarios.
¡No aceptamos imposiciones disfrazadas de participación!, ¡No aceptamos que se nos use como justificante de decisiones ya tomadas!, ¡Exigimos respeto a nuestras decisiones y a nuestra autonomía!", dijeron.
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