Martín Aguilar
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca dictó una sentencia absolutoria a favor de cinco miembros de la familia Jenkins y dos abogados por el caso de un presunto desvío de recursos de la Fundación Mary Street Jenkins calculado en 720 millones de dólares.
El tribunal canceló las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación en contra de los acusados al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió ilegalmente el caso en 2020, luego de ser archivado en mayo de 2018.
Por este motivo, Roberto, María Elodia, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins y sus abogados, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz libraron los señalamientos de Guillermo Jenkins de Landa quien acusa a sus familiares de presuntamente desviar recursos de la fundación.
Guillermo Jenkins de Landa señala que el rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y canciller en el gobierno de Vicente Fox, Luis Ernesto Derbez, facilitaron una red de empresas junto con sus colaboradores para desviar recursos de la fundación. En 2021 un juez de control en Puebla giró una orden de aprehensión en su contra, pero dos años después Derbez fue absuelto.
Con esto dio un giro el caso que inició desde 2016, cuando el primogénito de la familia, Guillermo Jenkins de Landa, denunció a sus parientes por haber saqueado el patrimonio de más de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, creada por su abuelo en 1954 para obras de filantropía a favor del deporte, la cultura y la educación de México y en particular de Puebla.
Desde 2020, la FGR reactivó el caso y obtuvo órdenes de aprehensión contra Roberto, María Elodia y Margarita Jenkins, los padres de éstos, Elodia de Landa Irizar y Juan Guillermo Eustace Jenkins, y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, las cuales fueron anuladas por este fallo del Tribunal Colegiado.
Gertz Manero tenía el antecedente de haberse enfrentado a la familia Jenkins en litigio civil llevado a cabo 2009 por el derecho de uso de la marca de la Universidad de las Américas.
En 2021, estas órdenes de aprehensión en contra de la familia fueron aprovechadas por el entonces gobernador Miguel Barbosa
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