Avanza en Diputados reforma al Código Fiscal

Rebeca Marín

 

Los diputados de la 4T dieron luz verde, en lo general, a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el Código Fiscal de la Federación, con lo que se endurecerán las acciones para combatir a las empresas factureras, el huachicol fiscal y además se permitirá la vigilancia del SAT al comercio electrónico.

 

Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, que se opusieron y votaron en contra de la reforma, esgrimieron acusaciones de que los cambios al Código Fiscal provocarán atropellos en materia de sanciones fiscales, que se deja en la misma vulnerabilidad a los contribuyentes honestos y a los defraudadores fiscales.

 

Las acusaciones advirtieron también que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá seguir los flujos comerciales y de consumo de los contribuyentes, lo que representa un "atropello a las garantías individuales y colectivos" y "espionaje fiscal".

 

Incluso, desde su aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados -la noche del martes 14 de octubre- organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales advirtieron que se trata de un esquema de intervención y vigilancia fiscal sin orden judicial.

 

Sin embargo, alegando el fortalecimiento en el combate a empresas factureras y al huachicol fiscal, la mayoría oficialista con 348 votos de morenistas, petistas y del Verde Ecologista aprobaron la reforma y la enviaron al Senado, en donde también será discutida.

 

Los cambios al Código Fiscal de la Federación hacen tangibles las reformas que anteriormente adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum al advertir que los delitos fiscales, y la facturación falsa, considerados como graves en el artículo 19 de la Constitución, se perseguirán con mayor fuerza.

 

De acuerdo con el dictamen, el SAT tendrá facultades para imponer más controles en el Registro Federal de Contribuyentes, como la negativa en la entrega de nuevos registros, la cancelación de sellos fiscales, sanciones y confirmación de la información proporcionada por las personas físicas y morales.

 

En la reforma se contempla además el fortalecimiento de mecanismos para combatir la comercialización indebida de hidrocarburos "en aquellos casos en que de manera deliberada se utiliza información incorrecta en los comprobantes fiscales para aparentar el cumplimiento de requisitos legales", se lee en el dictamen.

 

Por ello se establecen "nuevos supuestos de restricción temporal de los certificados de sello digital, para contrarrestar la emisión de comprobantes fiscales sin la clave ingreso correspondiente, es decir, con una clave incorrecta o diferente a la que le corresponde".

 

Así se establecen controles en los comprobantes fiscales en materia de hidrocarburos cuando no se tiene el número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, si el número de permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía no se encuentra vigente.

 

También si el número de permiso es distinto al otorgado por la Comisión Nacional de Energía, además de que se enajenarán los combustibles que no acrediten su importación o adquisición legal.

 

Por otro lado, como otro mecanismo de control fiscal se agrega el artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, en el que se establece que los prestadores de servicios digitales estarán obligados a abrir de manera permanente la información en línea y en tiempo real de sus sistemas y registros a las autoridades fiscales.

 

Lo anterior incluye a prestadores de servicios digitales que ofrecen desde "la descarga o acceso a diverso contenido conocido como streaming, los de intermediación entre terceros, clubes en línea y páginas de cita, así como enseñanza a distancia o de test o ejercicios".

 

La reforma al Código Fiscal expone que dichos controles se robustecen debido a que los comportamientos y esquemas de evasión se han vuelto más complejos, así como para obtener información en línea y en tiempo real para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, particularmente en materia de hidrocarburos.

 

Además, como beneficios se contemplan una eficiencia administrativa, la prevención de la evasión fiscal y el fraude, seguridad jurídica, recaudación fiscal asegurada, equidad fiscal, entre otros aspectos.