Martín Aguilar
La Comisión de Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local aprobó el dictamen para designar a la bióloga Mónica Viétnica Alegre González, como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), por un lapso de cuatro años.
La diputada del Partido Verde Ecologista de México Elvia Estrada Barba y presidenta del órgano colegiado, al fundamentar el dictamen, recordó que el proceso inició con la terna enviada al Congreso local por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
Después se efectuaron las entrevistas a las personas integrantes de la terna propuesta y tras un proceso de evaluación de las mismas por parte de los congresistas integrantes de la comisión, se acordó que la bióloga Alegre González es la mejor calificada para ocupar este cargo.
Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, aprobaron el dictamen referente a la evaluación de Ricardo Cuautle Rangel, para ocupar nuevamente el cargo de contralor general del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con calificación aprobatoria.
Al respecto, el legislador morenista Alberto Martínez Urincho y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, afirmó que las cédulas de evaluación de cada una de las personas integrantes de las comisiones unidas fueron integradas en su totalidad, para confirmar al funcionario en el cargo al que fue propuesto.
En atención a los cuestionamientos que le hicieron personas congresistas, Ricardo Cuautle informó sobre las principales acciones que realizará al ocupar el cargo como vigilar que los procesos administrativos se realicen en apego a las normas; participar en los comités y procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios; sustanciar y resolver los procedimientos por faltas administrativas en apego a la ley e impulsar la implementación del control interno institucional.
Sostuvo que su meta principal es garantizar el derecho a la buena administración, a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, austero e incluyente.
El funcionario del Tribunal Superior de Justicia aludió a la reciente actualización de los códigos de ética y conducta, los cuales permitirán que el actuar de los nuevos servidores públicos se base en principios como la eficiencia, eficacia y legalidad.
También trató lo relativo a la importancia de garantizar la simplificación administrativa y agilizar los procedimientos de entrega-recepción.
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