Distribución ilegal del agua se castiga con hasta 6 años de prisión en Edomex: FGJEM

Martín Aguilar

 

Hasta seis años de prisión así como doscientos días de multa, son los cargos que pueden imputarse a quienes distribuyan agua potable sin los permisos correspondientes, conforme al Código Penal mexiquense. La Fiscalía General del Estado de México afirma que tras la operación Caudal fueron asegurados 322 transportes de agua posiblemente utilizadas para el acaparamiento del vital líquido.

 

En el marco de las protestas realizadas por piperos en diferentes puntos del Valle de México, la dependencia que encabeza José Luis Cervantes Martínez afirmó que el Artículo 145 ter, dice que "a quien distribuya agua potable a través de pipa, sin contar con el permiso de distribución o dictamen de factibilidad correspondiente, expedidos por la autoridad competente, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa".

 

Asimismo, manifestó que en el Código Penal el Artículo 145 quinquies, dice que "al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro e los usuarios de dicho servicio, se impondrá de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa".

 

La Fiscalía manifestó lo anterior, tras haber señalado desde el viernes pasado que los lugares intervenidos están relacionados con delitos contra el uso correcto del agua a través de la extracción clandestina, sobre explotación de pozos y "ordeña" de redes.

 

Tras la operación Cuadal fueron asegurados 322 transportes de agua posiblemente utilizadas para el acaparamiento, distribución y comercialización ilegal con tarifas abusivas, en tanto que la Fiscalía Edomex continúa con investigaciones en contra de sujetos partícipes.

 

A través de actos de investigación y análisis de mercado se advirtió que mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico. En la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo del 59 por ciento, en Cuautitlán con 41.4, en Tlalnepantla con 32.42 y en Toluca con casi 10 por ciento, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.

 

Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población, en tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas "salchichas", sin que contaran con los permisos obligatorios. Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.

 

También se pudo establecer que las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, "USON"; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, "ACME"; "Los 300" y/o "Unión 300"; "Libertad"; "25 de Marzo", "22 de Octubre" y "Chokiza", entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.

 

Los hechos antes descritos son constitutivos de delito conforme al Código Penal del Estado de México, que establece que las principales conductas asociadas a estos ilícitos consisten en la extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Adicionalmente fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.

 

Por ello, y con el propósito de combatir el lucro ilícito derivado del comercio ilegal de agua, la Fiscalía del Estado de México solicitó mandamientos judiciales para la ejecución de 152 técnicas de investigación de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por la Autoridad Judicial. Cabe destacar que, para dar atención a la magnitud de dichas solicitudes, el Poder Judicial del Estado de México designó Jueces de Control Especializados, suficientes, con el único fin de atender, durante más de 72 horas ininterrumpidas la Operación "Caudal".

 

Para cumplimentar los mandamientos judiciales, fueron desplegadas acciones operativas simultáneas en 48 municipios, las cuales permitieron intervenir 189 inmuebles a través de 142 técnicas de investigación de cateo y 47 inspecciones, en estos lugares fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.