México rechaza afirmaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada

Martín Aguilar

 

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó este jueves las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) sobre una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada en nuestro país, las cuales, según la cancillería, carecen de sustento.

 

"La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción", señaló la dependencia que encabeza Juan Ramón de la Fuente un día después de que el Comité presentara evidencias ante la Asamblea General de la ONU.

 

La cancillería reiteró, además, que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos y las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

 

"La cancillería, junto con otras dependencias del Gobierno Federal, ha sostenido un diálogo permanente con el CED, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado. Al respecto, sostiene que dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención", añadió.

 

Asimismo, resaltó que el fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada. Por lo que el Gobierno implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

 

"En México se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas. Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación integral", dijo.

 

Asimismo, reiteró que la cooperación es el principio fundamental que debe regir la relación entre los órganos de tratados y los Estados.