Rebeca Marín
Las necesidades de financiamiento del sector público representarán el 16.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el siguiente año, lo que significa una reducción de 2.2 puntos porcentuales respecto a 2025, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Al presentar el Plan Anual de Financiamiento para 2026, el cual define las acciones, objetivos y estrategias de la política de deuda del sector público, la dependencia comentó que espera que la deuda interna neta del gobierno represente la mayor parte de la deuda total, alrededor del 84.2 por ciento. El plazo promedio para esta deuda es de 7.9 años, mientras que la deuda externa tiene un plazo promedio de 15.6 años.
Además, Hacienda espera que los valores gubernamentales a tasa fija, tanto reales como nominales, con vencimiento mayor a un año, representen el 79.4 por ciento de la deuda interna.
La dependencia anunció que seguirá con su plan de diversificar su portafolio y manejar riesgos usando un programa de coberturas con instrumentos financieros derivados. Esto ayudará a reducir la volatilidad causada por los cambios en los precios del petróleo, el tipo de cambio y las tasas de interés.
Precisó que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) seguirá siendo un actor fundamental para financiar proyectos de infraestructura y otros sectores estratégicos que impacten positivamente a la sociedad, sobre todo en áreas prioritarias. Precisó que para ello se usarán mecanismos innovadores y estrategias sostenibles a largo plazo.
Subrayó que "el gobierno federal mantendrá una colaboración estrecha con los emisores recurrentes del sector público para implementar sus estrategias de financiamiento".
De la misma manera, indicó, las entidades del sector público conservarán una comunicación constante con los participantes del mercado para difundir su política de financiamiento.
Respecto a la implementación de la política de financiamiento del gobierno, Hacienda también anunció el Programa de Subastas de Valores Gubernamentales correspondiente al primer trimestre de 2026, el cual entrará en vigor a partir del 1 de enero.
"En el primer trimestre de 2026, la política de deuda pública del Gobierno de México continuará con una estrategia proactiva y flexible, orientada a atender oportunamente las necesidades de financiamiento, privilegiando el mercado local y en apego a la meta de déficit público. Este enfoque contribuirá al fortalecimiento de las finanzas públicas y a la consolidación de los fundamentos macroeconómicos del país", señaló.
Detalló que los CETES de 28, 91 y 182 días se subastarán semanalmente, los Bondes F mantendrán el mecanismo de vasos comunicantes, aumentando el monto máximo por emisión. Las subastas quincenales siguen para plazos de 1 a 5 años y las mensuales para 7 y 10 años.
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