Rebeca Marín
En 2025, la deuda pública de México alcanzó un nivel no visto en más de dos décadas, con un saldo que rebasó los 18.8 billones de pesos, equivalente a más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB).
Pese a este aumento, la mayor parte de los recursos no se han orientado a generar inversión productiva, sino que se ha utilizado para cubrir gastos operativos y el pago de intereses.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), esto rompe con la llamada "regla de oro": la práctica saludable de endeudarse para financiar proyectos que generen crecimiento económico, en lugar de sólo cubrir obligaciones fiscales.
Mientras el país incrementa su deuda, el gasto en inversiones como infraestructura y desarrollo estratégico se redujo drásticamente, marcando uno de los descensos más pronunciados en décadas. Este fenómeno tiene dos efectos directos:
Menor infraestructura pública, lo que puede frenar la competitividad.
Menor inversión en servicios esenciales, como salud y educación, al quedar desplazados por el alto costo de financiar la deuda.
Otro punto crítico es el monto que el gobierno y las empresas estatales pagan en intereses por la deuda. En el primer trimestre de 2025, este rubro alcanzó más de 302 mil millones de pesos, el mayor pago registrado en al menos 20 años.
Esto significa que una fracción creciente del presupuesto nacional se destina a intereses, reduciendo aún más el espacio fiscal disponible para inversión productiva o programas sociales.
Diversos analistas coinciden en que la incapacidad de traducir deuda en crecimiento robusto y en inversión tangible obedece a varios factores:
Déficit persistente, que obliga al gobierno a tomar prestado para cubrir gastos corrientes en lugar de usarlo para proyectos estratégicos
Caída de ingresos petroleros, que reduce la capacidad de autofinanciar programas sin recurrir a deuda
Incertidumbre de inversión privada, que limita el flujo de capital hacia sectores productivos, especialmente en infraestructura
La forma en que se está manejando la deuda tiene un impacto directo en el crecimiento económico del país. Analistas internacionales como el FMI han reconocido una mejora moderada en las perspectivas de crecimiento, pero advierten que, sin disciplina fiscal y reformas estructurales, la situación podría volverse más complicada.
Si México no logra reorientar su deuda hacia inversiones que aumenten la productividad, es probable que el país siga enfrentando un crecimiento económico moderado, con recursos públicos cada vez más absorbidos por el servicio de la deuda en lugar de proyectos de largo plazo.
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