¡ENCUBRIMIENTO EN LERMA! Choque de funcionarios y silencio del alcalde Miguel Ángel Ramírez

Los habitantes de un domicilio en el municipio de Lerma exigen justicia tras un aparatoso accidente provocado por servidores públicos. De acuerdo con los testimonios y la evidencia física en el lugar, una unidad perteneciente a la administración local colisionó contra un vehículo estacionado mientras circulaba a exceso de velocidad. Este incidente ha generado una fuerte denuncia contra el Ayuntamiento de Lerma, debido a que los afectados acusan a las autoridades de intentar encubrir la responsabilidad de sus elementos mediante argumentos legales cuestionables. La familia perjudicada señala que el impacto ocurrió justo afuera de su propiedad, dejando daños materiales de consideración que hasta el momento nadie ha querido solventar.

 

El percance sucedió cuando el vehículo oficial perdió el control debido a la rapidez con la que transitaba por la zona habitacional. Testigos presenciales confirmaron que los funcionarios no respetaron los límites de velocidad permitidos, lo que derivó en el choque directo contra el automotor civil que se encontraba debidamente estacionado. Sin embargo, la indignación de los propietarios aumentó cuando el área jurídica del municipio intentó justificar el hecho. Los representantes legales del ayuntamiento argumentaron que la unidad afectada era un "coche abandonado", una afirmación que los dueños rechazan categóricamente.

 

Además de la negativa para reparar el daño, los ciudadanos detectaron irregularidades graves en el vehículo oficial involucrado. Según los reportes, la unidad del gobierno portaba placas correspondientes a un automóvil particular, lo cual constituye una violación a las normativas de tránsito para vehículos de servicio público. Por si fuera poco, cuando los afectados solicitaron los datos del seguro para iniciar el reclamo, el personal jurídico del municipio respondió que no contaba con dicha información. Esta serie de omisiones sugiere una falta de transparencia y un posible intento de proteger a los empleados responsables del accidente.

 

Ante la falta de respuesta institucional, los perjudicados presentaron un pliego de demandas para evitar que el caso quede en la impunidad. En primer lugar, solicitan la apertura inmediata de una carpeta de investigación que determine las sanciones administrativas para los conductores. También exigen que el municipio absorba los costos totales de la reparación, incluyendo los gastos generados por el arrastre de la grúa y la estancia en el corralón. Resulta contradictorio que el vehículo afectado permanezca en un depósito que pertenece al mismo organismo que causó el daño, obligando a las víctimas a pagar por un error ajeno.

 

Finalmente, los ciudadanos hacen un llamado enérgico a las autoridades estatales para que supervisen la denuncia contra el Ayuntamiento de Lerma y garanticen un proceso justo. La comunidad espera que el gobierno municipal actúe con la misma legalidad que exige a sus gobernados y que no utilice el poder institucional para evadir sus obligaciones civiles. El encubrimiento de estas prácticas solo erosiona la confianza pública en los servidores de Lerma. Mientras tanto, los dueños del vehículo dañado mantienen su postura de no ceder hasta que la administración repare cada peso del perjuicio ocasionado en su patrimonio familiar.