Fwd: Les guste o no a los senadores, deben de nombrar a los comisionados faltantes del INAI: Adrián Alcalá

Rebeca Marín


El presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá, reiteró el llamado al Senado de la República para que nombre a los comisionados faltantes, ya que no es una opción, sino una obligación establecida en la Constitución.

 

"Los senadores no han cumplido con su obligación constitucional; desde mi óptica, no es un tema optativo, se debe de cumplir, porque la Constitución les faculta a ellos para llevar a cabo los nombramientos de los comisionados y las comisionadas que integran el Pleno", refirió.

 

En una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD), añadió que los senadores deben realizar las asignaciones porque, además, existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se los ordena, "guste o no".

 

El comisionado presidente dejó claro que "el INAI no es un logro de la clase política o una concesión del poder público, sino una conquista social que surge en 2002", como parte de la corriente democratizadora en el país, a partir de la cual se empiezan a consolidar los organismos constitucionales autónomos.

 

Partiendo de la idea de que el Instituto no es una concesión del poder público, tampoco es válido que hoy se pretenda arrebatar a las personas los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, recalcó.

 

Ante los embates de los que está haciendo objeto el organismo garante nacional, el presidente de la ANDD, Elías Huerta Psihas, manifestó el respaldo de la Asociación a la labor del INAI y su compromiso con la defensa de los organismos constitucionales autónomos como componentes esenciales de la democracia mexicana.

 

"Nosotros, los abogados, los miembros de esta asociación tenemos que sumarnos a esta lucha para impedir que se cometa este atropello contra la Constitución de la República y no solamente eso, también es contrario a principios internacionales que rigen la materia de la democracia, de los derechos humanos, de la transparencia, plasmados en convenios suscritos por el Estado mexicano", expresó. 


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