Martín Aguilar
A pesar de la petición de la Presidencia de la República para que el actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se abstenga de analizar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, ya se programó su discusión, en un inicio, para el próximo 5 de agosto.
Fuentes del máximo tribunal explicaron a El Sol de México que el proyecto del ministro Jorge Pardo será puesto sobre la mesa en la penúltima sesión de la actual integración de la Corte. En la propuesta se abre la puerta para que cada juez analice caso por caso, decida si la persona debe estar sometida a cárcel automática y exija a las fiscalías justificar los motivos para enviar a alguien a prisión.
Esto luego de que, en un escrito dirigido a la ministra presidenta Norma Piña, el consejero adjunto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Armando Jiménez, expuso que dada la relevancia del criterio que se fijará, no debe analizarse ahora la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a México dejar de aplicar esta figura.
"Atendiendo a que el 1 de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retire el proyecto de resolución listado para su estudio, discusión y eventual resolución y que este sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al Poder Judicial de la Federación", señala el escrito.
La propuesta de Pardo Rebolledo, entregada a sus colegas desde 2023, y que puede ser aprobada simplemente con tan solo seis votos, al no requerir votación con mayoría calificada de ocho, se encuentra listada en el número 13 de los pendientes a analizar por el pleno de la SCJN, al cual únicamente le quedan siete sesiones.
Se trata de uno de los asuntos más importantes que aún puede resolver la actual integración de la Corte, pero se ha aplazado, ante presiones del Gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Fiscalía General de la República (FGR).
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