Rebeca Marín
Con el respaldo de la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso capitalino, la diputada de ese partido Rebeca Peralta León, promueve se haga un exhorto al titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Andrés Ponce Aceituno, a que emita un informe en donde se detalle el presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal del presente año.
Asimismo, contenga el avance y asignación del presupuesto ejercido hasta la fecha, con la especificación de si hay recurso comprometido, además de que se describa de forma pormenorizada el manejo de la partida correspondiente a construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura de cada uno los centros de reclusión que se ubican en capital del país.
La legisladora verde ecologista que funge como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo local, expuso que la "transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto asignado a los centros penitenciarios de la Ciudad de México, no solo se trata de números, sino de dignidad humana, de seguridad y de la eficacia de nuestro sistema de justicia"
Expuso que en la partida correspondiente a construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura del sistema penitenciario le fue asignado un recurso de más de 800 millones de pesos, por lo que es necesario conocer un informe del desglose detallado del gasto de dicha asignación, para saber específicamente qué obras y mejoras en este rubro se han realizado.
"Hemos hecho varios recorridos y no vemos obras ni mantenimiento en los centros", afirmó a la vez que consideró que "la infraestructura y el mantenimiento adecuado de estas instalaciones son pilares fundamentales para garantizar condiciones dignas para las personas privadas de su libertad, facilitar su proceso de reinserción social y, al mismo tiempo, asegurar la seguridad tanto dentro como fuera de los muros".
En la presentación de la propuesta turnada a las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictaminación, la representante popular por el Distrito 24 de Iztapalapa afirmó que el correcto funcionamiento y las condiciones de los centros penitenciarios, son un reflejo directo de la fortaleza de las instituciones y del respeto a los derechos humanos.
Dijo que se asignan recursos públicos bastante significativos a este rubro, y es responsabilidad de los legisladores asegurar que cada peso se utilice de manera óptima y transparente, además de que la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se invierten sus impuestos, especialmente en un área tan sensible y crucial como el sistema penitenciario.
Rebeca Peralta confirmó que la propuesta suscrita por los diputados ecologistas, Jesús Sesma Suárez y Claudia Neli Morales Cervantes, solicita un informe detallado a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para conocer el monto del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal actual, así como cuánto y en qué se ha ejercido hasta la fecha..
Indicó que, en la partida correspondiente a construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura del sistema penitenciario, fue asignado un recurso de más de 800 millones de pesos, por lo que se requiere un informe con desglose detallado del gasto de dicha asignación, para saber específicamente qué obras y mejoras en este rubro se han realizado.
Consideró pertinente se especifique si a la fecha se tiene comprometido recurso presupuestal, en caso afirmativo que se detalle los montos, conceptos, partidas presupuestales y empresas o proveedores a quien les está asignado dicho recurso.
La representante popular verde ecologista aclaró que contar con esa información no es un mero formalismo, porque permitirá al Congreso evaluar la eficiencia en la gestión de los recursos, identificar posibles áreas de mejora, y asegurar que las condiciones de nuestros centros penitenciarios sean las óptimas.
Aseveró que una gestión transparente del presupuesto en esta materia no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también contribuye directamente a la prevención de conflictos internos, mejora la calidad de vida de las personas privadas de su libertad y coadyuva a un sistema de justicia más justo y humano.
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