Fwd: Reviven persecución judicial contra activista opositor al Corredor Interoceánico en Oaxaca

Martín Aguilar

 

A pesar de haber sido absuelto dos veces por tribunales del estado, el activista indígena David Hernández Salazar enfrenta nuevamente la sombra de la cárcel. Integrantes de la comunidad de Puente Madera, en el Istmo de Tehuantepec, denuncian una nueva ofensiva legal en su contra, que califican como persecución judicial por oponerse al Corredor Interoceánico.

 

Hernández fue inicialmente condenado a 46 años y 6 meses de prisión, acusado de participar en un bloqueo carretero en el que se incendiaron vehículos, durante una protesta contra la venta de tierras comunales para la instalación de un Polo de Desarrollo. Pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca anuló esa sentencia en mayo de 2024, tras evidenciar irregularidades procesales y pruebas ilegales.

 

Sin embargo, esa absolución no cerró el caso. Las presuntas víctimas promovieron un juicio de amparo directo, y en enero de 2025 un tribunal federal ordenó volver a emitir una sentencia, sin considerar las pruebas ilícitas, pero valorando otras. Aun así, en febrero pasado, el fallo volvió a ser favorable para el activista.

 

Pero la historia no termina ahí. En mayo de 2025, las mismas presuntas víctimas presentaron un nuevo amparo, prolongando lo que la comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos describen como un hostigamiento sistemático contra defensores del territorio.

 

"La lucha de David no es individual… es colectiva. Criminalizarlo es una forma de castigar a toda la comunidad", denunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, en un comunicado conjunto con la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

 

Para estas organizaciones, lo que está en juego no es solo la libertad de una persona, sino la defensa del territorio, frente a un megaproyecto que avanza entre opacidad, despojo y criminalización.

 

Además del juicio contra David Hernández, la comunidad volvió a levantar la voz contra el manejo discrecional de los recursos públicos por parte del gobierno municipal de San Blas Atempa.

 

Señalan que los fondos de los Ramos 28 y 33, destinados al fortalecimiento de servicios básicos e infraestructura, no han sido distribuidos de forma equitativa. Puente Madera denuncia una práctica histórica de exclusión presupuestaria hacia las agencias municipales.

 

"No hay registro de una distribución justa. Eso viola nuestros derechos colectivos y debilita nuestra organización comunitaria", sentenció la Asamblea.