Martín Aguilar
La presidenta Claudia Sheinbaum envió este lunes al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el objetivo de modernizar el sistema de justicia, agilizar procesos y fortalecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia.
En la exposición de motivos, Sheinbaum recordó que en septiembre de 2024 se aprobó la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces y magistrados, lo que abrió paso a un proceso de reingeniería institucional del Poder Judicial. Según el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, persiste la necesidad de reducir la impunidad y erradicar los privilegios en el acceso a la justicia.
Entre las principales modificaciones, la propuesta establece que las notificaciones, promociones y resoluciones en los juicios de amparo podrán realizarse de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que esto limite el derecho de los ciudadanos a presentar escritos en formato físico. Las autoridades estarán obligadas a contar con perfiles digitales para interactuar en este sistema.
La reforma también delimita los supuestos en los que podrá concederse la suspensión del acto reclamado en materia fiscal, financiera y penal. Por ejemplo, se excluyen de la suspensión los casos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, la evasión de obligaciones fiscales firmes y delitos de prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se prevé que la suspensión no pueda frenar las facultades del Estado en materia de deuda pública ni impedir la obtención de información financiera para combatir el lavado de dinero.
En lo referente al Código Fiscal de la Federación, se adicionan causales de improcedencia para recursos contra actos que exijan el pago de créditos fiscales ya firmes o resoluciones sobre su prescripción. De igual forma, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para excluir de su competencia los juicios sobre créditos fiscales determinados en resoluciones firmes.
La propuesta contempla un periodo de 360 días para que el Órgano de Administración Judicial realice las adecuaciones al Sistema Electrónico del Poder Judicial y un plazo adicional de 180 días para que todas las autoridades del país creen sus perfiles digitales.
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