La imagen capturada hace seis años representa un punto de inflexión frente a la extorsión. Aquel corte de listón en la entonces nueva sede Iztapalapa del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia condensa un cambio profundo en la manera como instituciones y ciudadanía empezaron a coordinarse para desactivar uno de los delitos más extendidos de América Latina.
En la fotografía aparecen Clara Brugada, entonces alcaldesa y ahora Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, en ese momento Fiscal General y Secretario de Seguridad Ciudadana; así como Héctor Ulises García, Coordinador General de la Central de Abasto. Su presencia conjunta dio cuenta de un modelo para el cual la seguridad es un bien público construido desde la confianza en prevención, denuncia y corresponsabilidad institucional.
Ahí comenzó a tomar forma una estrategia de acercamiento ciudadano e institucional para fortalecer capacidades y desmontar el delito. Los datos lo confirman. De acuerdo con la información procesada en el C5, el 87 por ciento de los intentos de extorsión fracasan. Hace ocho años, ese porcentaje no alcanzaba el 50. El cambio no se explica solo por una mayor disposición policial, sino por una política con el acento puesto en la reacción informada y la respuesta coordinada.
La llamada extorsiva dejó de ser quiebre patrimonial impune para convertirse en el inicio de un protocolo compartido. Así nació lo que entonces definimos como la triada contra la extorsión: colgar, verificar y denunciar. Los extorsionadores no han desaparecido, pero ahora se enfrentan a una ciudadanía acompañada y a instituciones atentas.
Esa lógica no se interrumpió. Con la conducción de Brugada y con la operación del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el modelo se ha profundizado. La conmemoración del sexto aniversario de la sede del Consejo Ciudadano —encabezada por su secretario ejecutivo, Ramón Beltrán, con la participación de la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, y de mandos operativos clave como los subsecretarios Paulina Salazar, Cristian Sumano y Elpidio de la Cruz— reafirma una premisa central: en seguridad, la continuidad es tan importante como la innovación.
El caso de la Central de Abasto es especialmente ilustrativo. En un entorno donde circula efectivo a gran escala y la actividad no se detiene, la extorsión presencial era un riesgo estructural. La intervención incluyó videovigilancia especializada mediante un C2 —uno de los siete que opera el C5 en la ciudad—, canales de denuncia protegidos y una presencia constante de inteligencia institucional, guiada por su Coordinadora General, Mónica Pacheco y la presencia del Consejo Ciudadano. La extorsión presencial se redujo a niveles marginales.
Con una visión orientada a la profundización de resultados y alineada con la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum contra la extorsión, Brugada ha impulsado herramientas clave como el 089 para la denuncia anónima y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301 gestionada en el C5. De noviembre de 2024 a la fecha se han atendido 22 mil 106 reportes; en casi nueve de cada diez casos, el intento delictivo no prosperó.
El C5 es infraestructura tecnológica, valida información, conecta con el Consejo Ciudadano —que también atiende a través de la Línea de Seguridad 55 5533 5533 y la aplicación No Extorsiones— y activa la respuesta territorial de la SSC y la Fiscalía General de Justicia. Este circuito reduce la asimetría informativa frecuentemente favorecedora del delincuente.
El alto porcentaje de extorsiones fallidas es resultado de una pedagogía sostenida del "no pago y denuncio", de una participación ciudadana convertida en herramienta táctica y una población capaz de distinguir entre riesgo real y simulación criminal.
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