Martín Aguilar
El Gobierno de la Ciudad de México afirmó que el acuerdo de facilidades administrativas en materia de reconstrucción no exime ni sustituye las atribuciones legales de las alcaldías en procesos de demolición, tras el siniestro ocurrido en un inmueble de San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde murieron tres trabajadores.
El titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que dicho acuerdo tiene como propósito agilizar el inicio de obras en inmuebles con alto riesgo estructural, pero subrayó que opera dentro del marco jurídico vigente y no está por encima de la ley ni de la Constitución.
El funcionario explicó que este mecanismo no constituye una licencia ni libera a las autoridades de sus responsabilidades en materia de supervisión, verificación y autorización de trabajos.
Indicó que las alcaldías mantienen la obligación de revisar el cumplimiento de las disposiciones legales, garantizar medidas de seguridad y, en su caso, otorgar permisos para demoliciones.
Añadió que, aunque el acuerdo contempla la simplificación de algunos trámites administrativos y la exención de ciertos pagos, las obligaciones establecidas en la normatividad siguen siendo obligatorias y deben cumplirse sin excepción.
El funcionario precisó que las responsabilidades en los procesos de demolición están claramente definidas en diversas disposiciones legales, entre ellas la Ley Orgánica de Alcaldías y el Reglamento de Verificación Administrativa, que otorgan a las demarcaciones la facultad exclusiva de verificar el cumplimiento de la normativa en construcciones y demoliciones.
Sobre el caso de San Antonio Abad 124, indicó que en octubre de 2025 un particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades administrativas para realizar trabajos de demolición, lo cual fue evaluado por la Comisión para la Reconstrucción, en la que participa la alcaldía Cuauhtémoc. El funcionario detalló que las facilidades otorgadas se limitaron a la exención de pagos de derechos y trámites complementarios.
De acuerdo con la información presentada, el 24 de octubre de 2025 se notificó el otorgamiento de dichas facilidades y, posteriormente, en noviembre, la autoridad correspondiente tuvo conocimiento del inicio de la obra. El 12 de ese mes se realizó una visita de verificación en la que se constató la existencia de un dictamen técnico que establecía la necesidad de demoler el inmueble.
El gobierno capitalino informó que, tras el derrumbe ocurrido el 9 de marzo, se estableció contacto con las familias de las víctimas, quienes comenzaron a recibir apoyos por parte de la empresa encargada de la demolición, bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Finalmente, las autoridades señalaron que continuarán colaborando con las instancias competentes y darán seguimiento a las investigaciones en curso para el deslinde de responsabilidades, en coordinación con la Fiscalía.
0 comments:
Publicar un comentario