Rebeca Marín
Organizaciones y representantes del ecosistema de hospitalidad y rentas vacacionales en la Ciudad de México manifestaron su profunda preocupación tras la habilitación del nuevo Padrón de Anfitriones y Plataformas Tecnológicas de Estancias Turísticas Eventuales. Los afectados advirtieron que las severas restricciones publicadas en la Gaceta Oficial tendrán un impacto directo en el patrimonio y sustento de miles de familias capitalinas, por lo que ya analizan la vía legal de cara al próximo 12 de junio.
El principal foco de conflicto es la disposición que limita a un máximo de 183 noches al año (el equivalente al 50% de ocupación anual) el tiempo en que una vivienda puede ser rentada a través de plataformas digitales.
De acuerdo con el colectivo Todos Somos Anfitriones (TSA), esta medida fue implementada por el Gobierno de la Ciudad de México de manera unilateral, “dinamitando” 22 meses de mesas de trabajo y diálogo institucional en los que el sector había presentado propuestas para una regulación justa y ordenada.
A través de un comunicado, TSA defendió la relevancia económica de las plataformas de hospedaje, detallando que el sector está integrado por más de 48 mil familias anfitrionas, genera cerca de 67 mil empleos directos e indirectos, y aporta una derrama económica anual que supera los 22 mil millones de pesos.
Asimismo, recordaron que los anfitriones ya operan bajo una estricta carga fiscal que incluye el Impuesto sobre Hospedaje y retenciones de IVA e ISR.
Por su parte, la Comunidad de Pequeños Anfitriones de la Ciudad de México —asociación donde el 90% de sus miembros opera solo una o dos propiedades— rechazó tajantemente el tope de ocupación, visibilizando que detrás de estos espacios existen sectores vulnerables.
Según sus datos, el 52% de los pequeños anfitriones son mujeres, el 17% son adultos mayores y cerca del 80% tiene una hipoteca activa que solventa con estos ingresos. “Detrás de cada espacio hay familias que utilizan esta actividad para complementar ingresos, conservar su patrimonio y salir adelante”, señaló la organización.
Ante lo que consideran una afectación jurídica y operativa a sus derechos patrimoniales, la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR) informó que se encuentra dando seguimiento legal al caso y recomendó a los propietarios asesorarse de inmediato con especialistas.
La APAR sugirió analizar la viabilidad de promover mecanismos de defensa constitucional, señalando de manera específica el juicio de amparo. Conforme a los plazos legales aplicables, la fecha límite fijada para promover este recurso vence el próximo 12 de junio de 2026.
Finalmente, las organizaciones sugirieron a los anfitriones no apresurarse a iniciar el registro en el padrón electrónico mientras concluyen los análisis jurídicos colectivos, recordando que la Ley de Turismo de la Ciudad de México contempla un periodo de hasta 90 días para cumplir con dicho trámite.
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