Rebeca Marín
Este 20 de septiembre entra en vigor la adición al artículo 216 BIS de la Ley General de Salud que prohíbe usar aceites parcialmente hidrogenados y limita las grasas trans a 2 gramos por cada 100 gramos en la producción industrial.
Entre los argumentos que se presentaron legisladores y activistas para impulsar este cambio legal, señalaron que actualmente las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en el país, al registrarse 225,449 muertes en 2021, y que el 5.8% de los casos fatales por cardiopatías coronarias se debe al consumo de productos con ácidos grasos trans.
El 9 de febrero de 2023 se discutió y aprobó por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 216 BIS a la Ley General de Salud, el cual prohíbe usar aceites parcialmente hidrogenados y limita las grasas trans a 2 g por cada 100 g en la producción industrial. El 24 de marzo de 2023, fue publicado dicho decreto en el Diario Oficial de la Federación mismo que entra en vigor este 20 de septiembre.
Al respecto, consultores legales advirtieron que las restricciones para uso de grasas trans representan un desafío para la industria, debido a que ponen en riesgo sus procesos para poder reemplazar este tipo de grasa.
La prohibición de grasa trans en la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas resultará beneficioso para la salud de los mexicanos, pero implica un desafío dentro de la industria alimenticia, así como un muy probable incremento de costos.
Dicha adición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo, por lo que las empresas tuvieron seis meses para revisar cuestiones de logística, suministro y calidad de ingredientes, procesos y productos para poder reemplazar las grasas trans.
De acuerdo con Alberto Campos Vargas, Socio del grupo de industria de Ciencias de la Vida, del despacho de consultores legales, Sánchez Devanny, "si bien la adición de este artículo resultará beneficioso para la salud, en la forma que está planteado, puede presentar serios problemas para los productores de alimentos y bebidas, ya que limita el tipo de grasas que se podrán utilizar, lo que afectará sus cadenas logísticas, proveeduría, emisión de nuevo etiquetado, importación de productos terminados, entre otros".
El potencial riesgo a la salud de este tipo de productos es reconocido por instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón, por lo que su eliminación, ayudará a combatir uno de los principales problemas de salud en el país, el sobrepeso.
Sin embargo, un cambio de esta magnitud debe implementarse con un plan de acción claro y escalonado para que no queden lagunas o conceptos que dejen a las empresas, de este ramo, en estado de indefensión, plan que no necesariamente se pudo planear y ejecutar en estos últimos seis meses.
Actualmente la industria alimenticia tiene permitido utilizar las grasas trans para aumentar el plazo para el consumo y preservación de dichos productos, así como la estabilización del sabor. Por lo que, la regulación probablemente obligará a las empresas a reformular sus productos para cumplir con los nuevos estándares, debiendo invertir montos considerables en investigación y desarrollo de procesos productivos, nuevas tecnologías y equipos.
La actual redacción del artículo impone, con una mínima excepción del 2%, la restricción de uso y comercialización de aceites y grasas comestibles que se consideren como parcialmente hidrogenados, y alimentos y bebidas en presentación para venta al público que hayan sido adicionados en su proceso productivo con este tipo de grasas.
"Esta limitante y los retos que implicará su cumplimiento muy probablemente terminen afectando en última instancia al consumidor final, por los ajustes en los costos de producción. Además, en el artículo no se plantea claramente la estrategia a seguir por las productoras de alimentos y bebidas para dar cumplimiento a sus obligaciones, máxime que no hay una normativa específica en esta materia", agregó Fernanda Sánchez, miembro del despacho de consultores legales, Sánchez Devanny.
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