Rebeca Marin
Luego de escuchar a representantes del gobierno, las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera acordaron dictaminar el martes 14 de octubre la minuta de reforma a la Ley Aduanera, con el objetivo de enviarla al Pleno del Senado para su discusión y votación esta misma semana.
En la reunión del lunes 13 de octubre, funcionarios de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) defendieron que los cambios buscan simplificar trámites, digitalizar procesos, cerrar espacios al contrabando y la subvaluación y reforzar la corresponsabilidad de los agentes aduanales.
El subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, afirmó que la actualización legal es "impostergable" y no implica cambios sustantivos al despacho, sino un nuevo paradigma de supervisión y colaboración público-privada.
Recordó que las aduanas aportan 26.2 por ciento de los ingresos tributarios y que la recaudación de comercio exterior enero-septiembre de 2025 ascendió a 1.073 billones de pesos, 18.3 por ciento real más que en 2024.
Los ejes expuestos fueron los siguientes:
Digitalización y expediente electrónico (facturas, contratos, seguros y documentación de soporte) y uso de análisis de datos.
Consejo colegiado para autorizar, prorrogar, suspender o cancelar concesiones y autorizaciones, a fin de reducir discrecionalidad.
Facultades concurrentes de ANAM y SAT y mayor interoperabilidad entre autoridades.
Responsabilidad legal y solidaria de agentes aduanales para atajar subvaluación y abusos en regímenes temporales (IMMEX, recintos fiscalizados, LDA).
Sanciones más altas y tipificación de nuevas conductas para inhibir el contrabando técnico.
El director general de Investigación Aduanera de la ANAM, Álex Tonatiuh Márquez, advirtió la magnitud del contrabando de hidrocarburos y la concentración operativa en pocos despachos.
Señaló cancelación de más de 45 patentes en esta administración y la existencia de 818 carpetas abiertas (con 310 judicializadas), además de un sistema digital de trazabilidad de combustibles coordinado con Sener, Marina, Sedena, Profeco y SAT.
El administrador general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, Erick Jiménez Reyes, precisó que la minuta —ajustada en Diputados— prevé patentes por 20 años, prorrogables por 20 más con certificación profesional cada 3 años.
"Quienes cumplan con la ley no tendrán de qué preocuparse", dijo sobre el carácter inhibitorio, no recaudatorio, de las multas.
El PRI y el PAN pidieron proporcionalidad en sanciones y cautelas procesales:
Rolando Zapata Bello (PRI) exigió cifras oficiales del daño fiscal del huachicol y preguntó si Marina aplica medidas paralelas de control. "Una multa no debe ser coercitiva, sino proporcional", remarcó.
Raymundo Bolaños Azocar (PAN) acusó asimetrías: obligaciones más duras a agentes que a funcionarios civiles o militares en aduanas. Advirtió que el artículo 144-A amplía causales de revocación sin distinguir entre morosidad y corrupción, y que el artículo 164 permitiría suspensiones indefinidas violando la presunción de inocencia.
Finalmente, este último pidió auditoría independiente, profesionalización y sistemas de denuncia protegida.
La priista Claudia Anaya Mota alertó que el traslado de responsabilidades a los agentes y multas elevadas podrían inhibir el comercio y cuestionó la falta de acciones judiciales firmes contra servidores públicos vinculados al huachicol.
Con la minuta de Diputadas programada para discutirse mañana (14 de octubre) en comisiones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva prevén agendar el debate en el Pleno para que la reforma sea votada esta misma semana.
Morena confía en que los ajustes mantengan el núcleo de digitalización y control, mientras la oposición buscará acotar sanciones y blindar garantías procesales antes de la votación.
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