Rebeca Marín
La consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, informó que en acciones de prevención y combate a la corrupción se detectaron 22 sentencias de prescripción positiva apócrifas, mediante las cuales particulares pretendían apropiarse de forma ilegal de inmuebles, así como tres órdenes de embargo y seis escrituras presentadas para registro, también falsos, en tanto que se presentaron dos denuncias en contra de notarios, uno de ellos con cinco carpetas de investigación abiertas.
Al comparecer ante comisiones del Congreso capitalino con motivo de la glosa del primer Informe de gobierno, la funcionaria señaló que la política de tolerancia cero a la corrupción y a conflictos de intereses de servidores públicos se realiza en colaboración interinstitucional.
Con el Tribunal Superior de Justicia se giraron 190 oficios a jueces para validar requerimientos de solicitud de prescripción positiva, lo que permitió detectar las 22 sentencias apócrifas, mientras con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Archivo General de Notarías se detectaron los embargos y escrituras ilegítimas.
Agregó que también se inició una carpeta de investigación en contra de un jefe de unidad de la dependencia y se detuvo a dos personas que presentaron documentos falsos.
Sobre el rezago en trámites que tiene el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, refirió que de los 8 mil documentos en curso hay 3 mil 541 con una mayor dilación, que es por causas imputables a notarios públicos por haber sido suspendidos o denegados por errores u omisiones que pudieron evitarse.
En cuanto a las acciones de control y vigilancia de la función notarial, el informe refiere que se realizaron 207 visitas generales, especiales, de cierre y preliminares de inspección a notarías, se integraron 148 expedientes de imposición de sanciones, 38 ya concluyeron y 110 están en trámite.
Cruzvillegas defendió los procedimientos de expropiación que se han realizado ante desinformación generada por legisladores del PAN. Rechazó que se estén expropiando bienes privados y aclaró que en algunos casos son propiedades originalmente de dominio público o que en algún momento fueron donadas a la ciudad, particulares se apropiaron de ellas de manera irregular y se están recuperando para bien de la comunidad, para acciones de vivienda, casas de cuidados y para Utopías.
Explicó que a la fecha se han emitido 38 decretos expropiatorios, 27 en favor del Instituto de Vivienda y 11 de la Comisión para la Reconstrucción. Se tiene una meta de expropiar en lo que resta del año al menos 11 inmuebles con daño estructural para vivienda y en los siguientes años la proyección es de unos 400 aptos para departamentos.
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