Martín Aguilar
La Ciudad de México se mantiene como el principal punto de acceso a servicios de interrupción del embarazo en el país, al grado de que cuatro de cada diez mujeres que se realizan un aborto en la capital provienen de otros estados, donde persisten restricciones legales o barreras de acceso a los servicios de salud.
A casi 18 años de que la capital despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, organizaciones feministas y defensoras de derechos reproductivos advierten que el derecho sigue siendo frágil mientras permanezca tipificado como delito en el Código Penal.
Las activistas Elida Caballero de Women's Equality Center; Aidé García Hernández, Directora de Católicas por el Derecho a Decidir, así como Angie Contreras y Liz Mejorada del equipo de voceras de Mujeres Vivas, Mujeres Libres llamaron al Congreso de la Ciudad de México a concretar la reforma pendiente para eliminar el delito de aborto y trasladar su regulación al ámbito de la salud pública, para evitar la criminalización de mujeres y garantizar un acceso efectivo.
De acuerdo con las activistas, el siguiente paso en la agenda de derechos reproductivos consiste en sacar el aborto del Código Penal y tratarlo exclusivamente como un tema de salud y derechos humanos.
"La despenalización no es suficiente si el delito sigue existiendo en el Código Penal", señalaron en conferencia de prensa. A casi dos décadas de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en la Ciudad de México, el derecho sigue condicionado al lugar de residencia, advirtieron.
La directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García, señaló que la reforma es una responsabilidad pendiente del Congreso capitalino.
"El que avancemos en este momento con la eliminación del delito de aborto tiene que ver con una voluntad política que necesitamos ahorita. Las diputadas del Congreso de la Ciudad de México tienen una obligación con nosotras y con esta agenda", afirmó.
Recordó que el tema ya fue intentado el año pasado, cuando legisladoras expresaron compromisos con la agenda feminista, aunque la iniciativa no prosperó.
Uno de los principales argumentos de las organizaciones es que el acceso al aborto sigue dependiendo del lugar donde viven las mujeres.
"No es aceptable que el ejercicio del derecho dependa del lugar, del código postal y del lugar donde nos tocó vivir", señalaron.
Actualmente, aunque el aborto se ha despenalizado hasta las 12 semanas en la mayoría de los estados, el delito permanece en los códigos penales después de ese plazo, lo que mantiene la posibilidad de criminalización.
Las activistas proponen una ruta en tres ejes: avanzar en la despenalización en los estados con mayores restricciones, eliminar el tipo penal del aborto y fortalecer la narrativa pública para explicar por qué debe abordarse desde la salud pública.
Para las organizaciones, mantener el aborto dentro del Código Penal genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a la persecución de mujeres o de quienes las acompañan.
"Mientras exista el delito de aborto en el marco penal, el derecho a decidir sigue condicionado a dónde estamos y a dónde podemos ir", advirtieron.
Añadieron que el objetivo es consolidar el aborto como un servicio de salud, con acceso a medicamentos, personal capacitado y servicios médicos adecuados en todo el país.
"Necesitamos consolidar que el aborto sea un asunto de salud pública y de derechos humanos, y no de persecución penal".
Las defensoras también alertaron sobre el avance de fuerzas conservadoras en distintos países, especialmente tras la caída del precedente judicial que protegía el aborto en Estados Unidos durante cinco décadas.
"La experiencia de Estados Unidos nos ha enseñado que nuestros derechos nunca están totalmente a salvo. Siempre tenemos que estar luchando para protegerlos", advirtieron.
Señalaron que el retroceso en ese país demuestra que los derechos reproductivos pueden perderse si no se consolidan en marcos legales sólidos.
En el contexto del 8 de marzo, las organizaciones destacaron que la movilización feminista ha ampliado su alcance social.
"Este 8 de marzo ya no es solo un día de interés para el feminismo histórico, sino un bien común para todas las mujeres de este país. Todas vamos a salir y todas tenemos una agenda", afirmaron.
Entre las demandas principales se encuentran una vida libre de violencia, el acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos y la eliminación de la criminalización del aborto.
"El tema de la despenalización del aborto tiene que ver con reconocer la autonomía y la libertad de las mujeres", indicaron las activistas, quienes anunciaron su participación en la marcha programada para el domingo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
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