Martín Aguilar
En ríspida sesión ordinaria del jueves, en el Congreso de la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados, logró la aprobación de un punto de acuerdo para que autoridades capitalinas den seguimiento a las investigaciones sobre el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, con una oposición encabezada por el PAN que no estuvo de acuerdo con el documento porque exigía que se agregara en el mismo que haya juicio público y cárcel a funcionarios omisos en el caso.
Las personas representantes populares, entre dimes y diretes que llegaron a ofensas y acusaciones mutuas, hicieron uso de la tribuna para posicionar la propuesta tanto de panistas y morenistas.
Finalmente, tras más de dos horas de discusión, Morena logró hacer un llamado a diversas autoridades capitalinas a continuar, “de manera diligente y exhaustiva”, las investigaciones sobre el feminicidio de la joven, sin descartar ninguna línea de investigación.
El punto de acuerdo suscrito por la coordinadora de los congresistas morenistas, diputada Xóchitl Bravo Espinosa, y por varias de sus compañeras y de las asociaciones parlamentarias, incluye que las autoridades informen periódicamente sobre los avances en cada una de las etapas del proceso, así como garantizar el acompañamiento integral y efectivo a la familia de Edith Guadalupe.
Por parte de la bancada del PRI, coordinada por Tania Nanette Larios Pérez, hubo apoyo hacia los panistas que exigían que se fuera más allá de ese exhorto.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el congresista Mario Enrique Sánchez Flores, ambos de Acción Nacional, con la representación de ese partido exigieron justicia para Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, juicio público, cárcel para los servidores públicos responsables de omisiones o actos de corrupción y la creación del “Protocolo Edith” para garantizar atención inmediata en casos de mujeres desaparecidas.
Advirtieron los del blanquiazul que el caso no sólo exhibe la brutalidad del feminicidio, sino también omisiones graves, dilaciones, presuntos actos de corrupción y una Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina que no actuó a tiempo.
Daniela Álvarez sostuvo que lo más importante es que el juicio se desarrolle de manera pública, salvo que la familia determine otra cosa, para que este caso siente un precedente claro de que en la Ciudad de México no habrá impunidad ni para los agresores ni para las autoridades que fallen en su deber.
El posicionamiento del PAN encendió los ánimos al no aceptar morenistas y aliados la propuesta que se hacía desde ese partido, por lo que se trabajó para sacar adelante el exhorto de los diputados del oficialismo.
Fue la diputada del partido en el poder, Valeria Cruz Flores, quien al hacer uso de la tribuna expresó la solidaridad de la bancada de Morena con las familias que pasan por el dolor de perder a una de sus integrantes, a consecuencia de un feminicidio.
“Este hecho nos duele e indigna profundamente. Y lo decimos no sólo como representantes populares, sino como mujeres que sabemos qué significa vivir con miedo en espacios públicos y privados”, sostuvo.
Delineó que el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia, que inicia muchas veces con el acoso, el hostigamiento y la discriminación, y que termina por arrebatar la vida de una mujer.
“No estamos hablando de cifras y expedientes. Estamos hablando de vidas interrumpidas y familias que hoy enfrentan un duelo marcado por la violencia. El caso de jóvenes víctimas de feminicidio nos confronta con una realidad lacerante. Las mujeres seguimos siendo vulneradas, incluso cuando realizamos actividades básicas. Este Congreso no puede ser omiso frente a esta realidad ni permitir que la indiferencia se normalice”, declaró Cruz Flores.
Tuvo una participación el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, quien sostuvo que debe discutirse un cambio en el modelo de justicia y la operatividad de la FGJ.
Por su parte, la congresista panista Frida Jimena Guillén Ortiz pidió un minuto de silencio como muestra de respeto a la joven víctima, que fue concedido por la Mesa Directiva del Congreso local.
Tanto Álvarez Camacho como Sánchez Flores, exigieron la destitución inmediata del titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas, al considerar inadmisible que, teniendo entre sus atribuciones recibir denuncias, iniciar de inmediato carpetas, desplegar diligencias urgentes, coordinar la búsqueda, atender a familiares e implementar mecanismos de atención integral, el caso haya estado marcado por retrasos y omisiones.
Demandaron, además, que se inicie de inmediato la carpeta de investigación correspondiente contra las personas servidoras públicas que hayan incumplido los protocolos, retrasado diligencias, obstaculizado la búsqueda o pedido dinero a la familia de Edith, porque esos hechos no sólo constituyen faltas administrativas: pueden constituir delitos y deben ser perseguidos penalmente.
Expusieron que, si de las investigaciones se desprenden elementos suficientes, deberán judicializarse las carpetas y solicitar las órdenes de aprehensión que correspondan, para que sean los jueces quienes determinen el grado de responsabilidad penal de cada funcionario involucrado.
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