Martín Aguilar
En el Congreso de la Ciudad de México avanza la protección animal, ante el hecho de que ya está prohibida en la metrópoli, con sus excepciones, la venta de especies vivas en mercados y vía pública, al igual que los actos de maltrato.
En el recinto de Donceles y Allende, a fin de prohibir la venta de animales vivos en vía pública, mercados públicos, sobre ruedas y móviles, tianguis y bazares, fueron avaladas en la actual II Legislatura, diversas reformas a la Ley de Protección y Bienestar a los Animales de la Ciudad de México.
Con las modificaciones a esta ley, las alcaldías deberán destinar un porcentaje de su presupuesto anual para implementar campañas permanentes de esterilización de animales en situación de calle, así como crear una unidad administrativa de protección y bienestar animal.
Además, se prohíbe ejercer actos de maltrato o crueldad o causar lesiones o sufrimiento a los animales utilizados en ritos y usos tradicionales.
Resulta que los ordenamientos reformados también precisan que los animales para experimentos científicos, tesis profesionales y prácticas docentes deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados para tal fin.
Quedó plenamente prohibido que los animales sean atrapados y cazados, así como comprar en mercados o albergues, refugios o asilos.
Con base a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en las calles de la Ciudad de México habitan un millón 200 mil perros, con una tasa de crecimiento de 20 por ciento anual, es decir, más de 18 mil ejemplares que cada mes se encuentran sin hogar, por lo que la esterilización masiva es necesaria y urgente.
A su vez, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), reveló que dentro de las conductas que se reportan, destaca que en el año 2020 de un total de mil 193 denuncias e investigaciones de oficio, el 40 por ciento fue en materia de animales y no existe una sola demarcación territorial que no cuente con notificaciones de violencia, maltrato y crueldad animal, por lo que es necesario contar con un marco normativo local que atienda las diversas problemáticas en la materia.
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