Martín Aguilar
La incidencia delictiva contra la tercera edad en la capital del país muestra una realidad muy preocupante. Ocho de cada diez adultos mayores que son víctimas de algún delito en la Ciudad de México denuncian violencia familiar. Esta alarmante estadística refleja la gran vulnerabilidad que enfrenta este sector demográfico dentro de sus propios hogares. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina señala que estas agresiones buscan someter o controlar a la víctima.
El maltrato físico, verbal o psicoemocional proviene frecuentemente de los propios integrantes del núcleo familiar del afectado. La dependencia gubernamental cataloga estos actos como omisiones intencionales que afectan severamente la calidad de vida de las víctimas.
Además del maltrato directo en los hogares derivado de la violencia familiar, existen otros delitos graves que laceran a este grupo. La omisión de cuidados, las amenazas directas y el robo destacan entre las agresiones más recurrentes en las carpetas de investigación. Recientemente, al menos 182 personas mayores fueron víctimas de omisión de auxilio o cuidado en la ciudad. Esta grave conducta se encuentra estrictamente regulada en el artículo 157 Bis del Código Penal capitalino como abandono de personas.
Los especialistas en derechos humanos advierten que este sector enfrenta una exclusión laboral y económica sistemática diariamente. Muchas familias mantienen una falsa perc
El miedo y la dependencia económica impiden frenar la violencia familiar ante las autoridades ministeriales de la ciudad. “Muchos problemas de cuando uno es mayor se dejan de hablar, hacemos como si no existieran”, lamentó un testimonio. Ocultar estas agresiones sistemáticas únicamente provoca que el entorno hostil no mejore para la víctima.
Es urgente que las instituciones refuercen los mecanismos de protección y atención integral para erradicar definitivamente este daño. Las autoridades capitalinas deben garantizar un entorno seguro y libre de abusos para todas las personas de la tercera edad.
¿Qué medidas de seguridad adicionales debería implementar el gobierno para proteger a los adultos mayores en sus propios hogares?
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