Martín Aguilar
Entre reproches de algunas representaciones de partidos, el pleno del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó las consideraciones para la asignación de cargos por el principio de representación proporcional en ayuntamientos, con la implementación del Sistema Informático de Apoyo a Cómputos.
Como en el 2021 en los ayuntamientos de Nextlalpan, Ecatepec, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Tianguistenco el género mayoritario fue el masculino, ese documento advierte que en este proceso debe prevalecer el femenino.
De no ser así, el sistema será bloqueado para que se realicen los ajustes de forma manual, a fin de garantizar una mayor presencia de mujeres.
Además, se estableció que de ser el caso en el que, al mismo partido político, coalición, candidatura común o independiente, le correspondiera la asignación por representación proporcional de más de un cargo, primero se asignará al género femenino y posteriormente se regresará al orden de los cargos de la planilla, independientemente del género.
Sin embargo, si en la planilla de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes que no hayan resultado vencedores por mayoría relativa, la primera posición de regiduría está registrado un hombre perteneciente a la acción afirmativa de personas con discapacidad, prevalecerá ésta y la siguiente será destinada a una mujer, para posteriormente y sólo en caso de que existan más cargos por asignar, se regresará al orden de los cargos de la planilla.
El representante del PRD, Agustín Uribe señaló que podría haber discriminación al sólo garantizar la no discriminación de personas con discapacidad, antes que las otras acciones afirmativas y opinó que esa consideración está a destiempo y les ponen reglas de las que no fueron participes, por lo cual buscarán impugnarla.
Alfonso Bravo, del PAN también señaló que la regla es nueva y viola los principios de certeza y legalidad a 15 días de la jornada electoral, cuando ya concluyó la etapa de registro y ahora los gobernantes no deberán ser los más preparados; sino quienes pertenezcan a un grupo vulnerables sólo por ese hecho y opinó que el órgano de la democracia estaba matando a la democracia y al rato les querrían decir a quién deben postular.
Víctor Capilla del PRI también mostró preocupación de que se les establezca esa nueva regla, al igual que la representación de Nueva Alianza.
La consejera Karina Vaquera consideró grave y lamentable que se discutieran derechos de personas con discapacidad, advirtió que debe haber congruencia en las votaciones y subrayó que las personas con discapacidad tienen derecho a participar y se deben cumplir las sentencias.
En tanto, la consejera Paula Melgarejo afirmó que no es la primera vez que se hace, pues ya se había realizado en el 2021 y refirió que en ese año y ahora se propone que se haga de forma manual y se señala una hipótesis en la que si el partido no obtiene el triunfo, asumiría la primera mujer de la planilla.
Explicó que la forma en la que viene la asignación de personas con discapacidad deriva de sentencias jurisdiccionales y aclaró que no son cambios de reglas.
Víctor Capilla preguntó sobre los seis municipios que se mencionan en el acuerdo y Melgarejo detalló que en 2021 hubo impugnaciones de mujeres porque la integración mayoritaria fue de hombres y la Sala Superior obligó a que en 2024 en esos municipios la mayoría deba ser de mujeres y deben cumplir la sentencia.
Alfonso Bravo preguntó si la regla de la alternancia de género solamente se aplicará en esas seis demarcaciones y ella precisó que en cumplimiento a la sentencia son esos seis.
El consejero Francisco Bello afirmó que el Instituto no designa quién gobernará, refirió que no hay cambio en las acciones afirmativas y el acuerdo busca señalar los criterios que se aplicarán en los casos de las hipótesis que se presentan.
La consejera Sandra López Bringas opinó que no se advierte con claridad cómo se hará la designación, pues se advierte que habrá bloqueos o inhabilitación de módulos, pero no quiénes los harán y se apartó del acuerdo.
Melgarejo aclaró que sólo en casos donde en la primera regiduría se encontrara una persona con discapacidad tendría preeminencia sobre una mujer.
La consejera Daniella Durán advirtió que el acuerdo carecía de motivación, fundamentación y del principio de certeza, pues no pueden imponer reglas en cualquier momento y consideró que invisibilizan a candidaturas independientes y el acuerdo debió ser genérico.
Víctor Capilla advirtió que se busca implementar el criterio a unos días de la elección y aclaró que no buscan cerrar espacios a personas con discapacidad, mientras Agustín Uribe señaló que no están de acuerdo con que sólo se haya señalado una acción afirmativa e impugnarán el acuerdo.
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