Martín Aguilar
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció la instalación de la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género, una medida significativa, dijo, para salvaguardar los derechos políticos de las mujeres y promover su participación activa en la vida pública.
La creación de este organismo al que califican único en su tipo en América Latina, fue presentado en una acto encabezado por la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto, junto a los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes
El TEPJF informó que la Defensoría tiene el firme propósito de salvaguardar los derechos políticos de las mujeres y promover su participación activa en la vida pública, ofreciendo asesoría legal gratuita y especializada, así como representación jurídica, en casos relacionados con violencia política de género y paridad.
Detalló que su creación responde a la necesidad urgente de garantizar un entorno político libre de violencia y discriminación para las mujeres, tanto en los procesos electorales como en el ejercicio de cargos de elección popular.
Al frente del nuevo organismo queda a cargo la titular María del Carmen Carreón Castro, quien estará acompañada por un equipo de defensoras especializadas, quienes ofrecerán consultas o asistencia que podrán agendarse a través del correo electrónico defensoriaelectoral-mujeres@te.gob.mx
La magistrada Mónica Aralí Soto subrayó la importancia de esta iniciativa como un paso fundamental hacia la justicia electoral y la equidad de género en México. Por otro lado, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña resaltó la importancia de esta medida para asegurar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, proporcionándoles acceso a una asesoría jurídica de calidad.
El TEPJF finalizó que además de la creación de la Defensoría, ha puesto en marcha una serie de acciones para fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres, como programas de capacitación y sensibilización dirigidos a personal jurisdiccional y administrativo, así como el establecimiento de mecanismos de monitoreo y seguimiento de casos de violencia política de género.
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