Empresarios de Calimaya denuncian presiones para comprar materiales a empresas vinculadas a funcionario

Rebeca Marín

 

El sector empresarial del Estado de México lanzó un llamado de urgente a las autoridades de la Auditoría Superior de la Federal y de la Secretaría de la Función Pública, así como a los encargados de los órganos internos del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a fin de evitar cese el hostigamiento y presiones por parte de funcionarios de la presidencia municipal de Calimaya, Estado de México

 

Durante una reunión privada de empresarios constructores, coincidieron en señalar que han sido objeto de amedrentamiento y presiones por parte de la secretaria particular del presidente municipal, Omar Guillermo Velázquez.

 

En esa reunión, los afectados dijeron que, mediante presiones, se les ha exigido comprar materiales y rentar maquinaria a empresas propiedad del padre de la secretaria particular de Calimaya, Karla Romero, identificado como Juan Carlos Romero Zarza.

 

Los empresarios constructores señalaron que, además, son presionados, en el sentido, de que, de no cumplir con estas indicaciones, se les amenazaba con la cancelación de sus obras, supuestamente bajo "directrices del presidente municipal" de Calimaya, Omar Guillermo Velázquez.

 

Denunciaron que ello, ha generado preocupación entre empresarios locales y ciudadanos, quienes consideran que este tipo de prácticas constituyen un posible conflicto de intereses y abuso de poder por parte de funcionarios municipales.

 

Por ello, habitantes de Calimaya y miembros de la sociedad civil han expresado que esperan acciones inmediatas por parte del presidente municipal, para garantizar transparencia, justicia y respeto a los derechos de los constructores y proveedores locales; sin embargo, hasta el momento, ni la Presidencia Municipal ni la Secretaría Particular han emitido un posicionamiento oficial sobre estas denuncias.

 

Ante tal situación, tanto los empresarios, proveedores y ciudadanos exigen claridad y transparencia, además de que se investigue a fondo la situación y se tomen medidas correctivas que eviten que los recursos públicos y los procesos de obra sean utilizados con fines personales

 
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