La Barriada/Martín Aguilar/La Ley Chayote o la Ley del Garrote

Exactamente en una semana, el 30 de abril próximo, se vence la prórroga dado por la Suprema Corte para que el Congreso de la Unión corrija las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, conocida también como la "Ley Chayote", que permiten el gasto discrecional de la publicidad gubernamental, para que en su lugar establezca criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento. También los diputados tienen la opción de derogar esa ley y proponer una nueva.

 

El pasado 8 de septiembre de 2021 en sesión de la Primera Sala, los ministros consideraron preciso que disminuya la arbitrariedad de los entes gubernamentales para asignar la publicidad de gobierno en medios. El proyecto aprobado afirma que una distribución arbitraria y discriminatoria de dicho gasto podría ser empleada como mecanismo de censura indirecta o como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión.

 

En agosto del año pasado la organización Artículo 19 dio a conocer su estudio sobre la publicidad gubernamental en medios de comunicación, encontrando que el 52% del gasto en publicidad del gobierno se concentra en 10 medios. De los 457 medios que recibieron recursos por publicidad oficial, 10 de ellos concentran el 52%.

 

Las dos principales empresas de televisión de México, Televisa y TV Azteca, así como el periódico La Jornada, están entre los 10 medios de comunicación que concentran el 52% del presupuesto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destina a publicidad oficial.

 

"Persiste la concentración del gasto en publicidad oficial, ya que más de la mitad de los recursos se concentran en una decena de medios de comunicación. Actualmente, no existen indicadores disponibles ni confiables sobre las audiencias, el rating, las visitas y la circulación de los distintos medios de comunicación. La ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación.

 

"Es necesario establecer un sistema imparcial y externo de medición de audiencias, basado en estándares certificados de medición y así asegurar que la asignación de la publicidad se haga a partir de criterios técnicos, cosa que con la ley vigente, no sucede ni existe."

 

El tema no es para nada prioritario para el gobierno de la 4T y han ignorado el tema, en vista de que, al igual que a Peña Nieto o Calderón, al presidente López Obrador le ha servido usar de manera discrecional el dinero de la publicidad oficial para premiar aliados y castigar enemigos.

 

Inicialmente, el Congreso tenía hasta el 15 de diciembre del año pasado para cumplir con el mandato de la Suprema Corte y decidió no hacerlo. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, envió un oficio el 29 de noviembre pidiendo prórroga al Ministro Presidente de la SCJN. Es decir, ya estaban pidiendo que se aplazara el cumplimiento de la sentencia sin haber intentado siquiera cumplirla en el término prescrito.

 

El mismo diputado dijo el miércoles 12 de enero de este año que "ya habían hablado con el juez" e iba a pedir prórroga que, se sabe, vence el 30 de abril próximo.

 

Cosa de ver qué tan importante es para nuestros legisladores que la publicidad oficial sea honestamente asignada y no como en la era de los presidentes neoliberales. 


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