Rebeca Marín
Luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) informara el inicio de una investigación de denuncias anónimas contra funcionarios de alto nivel del Poder Judicial de la Federación por pedir 'moches' tras contratos asignados conforme a la ley, un grupo de empresarios amenazados con perder contratos bajo concurso pidieron que es necesario que se destituya a los presuntos implicados para que no "entorpezcan las indagatorias en su contra".
En nuevo pronunciamiento público, expresaron que es necesario que los servidores públicos sean separados del cargo, porque "se corre el riesgo de que los cinco servidores públicos del Órgano de Administración Judicial entorpezcan las investigaciones iniciadas en su contra"
Los empresarios reiteran su llamado a Néstor Vargas Solano, presidente del OAJ, para que fructifiquen las investigaciones, pero además solicitaron que los procedimientos de adjudicación en distintos ramos como limpieza, seguridad, comedores, fumigación y tecnología, entre muchos más, se realicen nuevamente, desde cero.
"Los servidores públicos señalados beneficiaron a 15 empresas de limpieza regional con adjudicaciones directas que cedieron a los 'moches'".
Y solicitan que, de acuerdo con la norma que rige el OAJ, queden nulos y sin validez oficial todos los procedimientos que llevaron a cabo Giovanni Guerrero Durán, director de Servicios Generales, y Juan Carlos Zamora García, secretario ejecutivo de Administración, ambos de Durango, para que se realicen de manera correcta.
Además de estos funcionarios, también se mencionan a Rogelio Ruiz Rasgado, quien funge como "su brazo derecho"; Raúl Antonio Peniche Canto, coordinador de Control Operativo de Administraciones de Edificios, quien firma documentos que están fuera de su competencia, y Jorge Arturo Martínez Lembrino, coordinador de Administración Regional.
Los empresarios denunciantes identifican a Giovanni Guerrero como el encargado de repartir documentos como anexos técnicos antes de que iniciaran los procedimientos correspondientes, "para hacer sus corruptelas sin que nadie se diera cuenta y quitó del concurso a otros competidores".
"Con ese tipo de acciones, Guerrero invadió la competencia de otras áreas como la limpieza de edificios de la CDMX y de otras entidades", advierten los empresarios.
Agregan que "los actos de corrupción que comete Giovanni Guerrero Durán y su camarilla ha llegado a tal grado que el pasado 26 de diciembre ordenó a Jorge Arturo Martínez Lembrino que enviara correos a las administraciones regionales y delegaciones administrativas para que restringieran las invitaciones y solamente se autorizó la participación de 15 empresas, cuyos propietarios estuvieron de acuerdo en darle 'su moche' al funcionario".
Los denunciantes reiteran su anonimato para evitar represalias, porque, aseguran, "hay más irregularidades y actos de corrupción que ha cometido Giovanni Guerrero y que en los próximos días darán a conocer ante la opinión pública."
El pasado viernes, OAJ emitió un comunicado en el que informó que Vargas Solano ordenó la investigación de hechos mediante la denuncia número CAJ/DGI/INV/270/2025, a partir de un correo anónimo enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Precisó que, con el fin de garantizar la transparencia en las licitaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realizan en el Poder Judicial de la Federación (PJF), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó un Acuerdo General en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes y prestación de servicios, publicado en el 'Diario Oficial el 4 de diciembre de 2025, mismo al que deberán sujetarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y el Tribunal de Disciplina, el cual contempla que cualquier ciudadano pueda participar como observador de dichos procesos de contratación.
"Se acordaron procedimientos que requieren testigos sociales, quienes han entregado observaciones de algún procedimiento de licitación a la Presidencia del Órgano de Administración Judicial".
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