Martín Aguilar
Al llegar a la cuarta semana del paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, organizaciones civiles como "Madres de Menores de Edad Unidas" mujeres que les afectan la detención de sus juicios, demandan una solución inmediata al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, Rafael Guerra, por los trámites paralizados en los juzgados familiares.
El paro judicial ha detenido juicios cruciales de pensiones, retroactivos, seguridad social entre otros casos. Los deudores alimentarios se benefician de esta parálisis, "dejando a nuestros pequeños en la vulnerabilidad". La justicia para nuestros hijos no puede esperar.
A través de una carta, y en redes sociales, las afectadas recuerdan que esta suspensión de labores tiene un impacto "devastador" en la vida de sus hijos ya que está contraviniendo flagrantemente los principios de justicia y protección a la infancia".
En la misiva señalan que reconocen que los empleados pueden tener demandas legítimas. Pero, "su incapacidad para llegar a un acuerdo con ellos, como máxima autoridad, es una falla que no podemos ni debemos tolerar. La prolongación de este conflicto está resultando en una paralización sistémica que afecta directamente a miles de familias".
Manifestaron que es imperativo que entienda la gravedad de la situación, "ya que se está favoreciendo indirectamente a deudores alimentarios, al alargar de manera indefinida procesos cruciales para la subsistencia y el bienestar de sus hijos".
Además, califican como inaceptable que, mientras los juzgados permanecen en paro, se anuncien periodos vacacionales que se extienden el resto de julio y hasta el 4 de agosto.
"Esta inacción no solo retrasa la impartición de justicia, sino que, lamentablemente, parece respaldar una cultura que protege a quienes incumplen con sus obligaciones más básicas".
En la carta abierta dirigida a Rafael Guerra Álvarez, Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le exigen "acción inmediata para que vuelvan a laborar los juzgados que se encuentran bajo su directa responsabilidad".
"La prolongación de este conflicto está resultando en una paralización sistémica que afecta directamente a miles de familias, particularmente a las madres y a nuestros hijos menores de edad, quienes son las principales víctimas de esta ineficiencia.
Hemos sido pacientes, primero durante la pandemia, que ya retrasó incontables procesos".
¿Cuándo piensa usted solucionar este problema que, según se percibe y se comenta, ha sido provocado por su propia gestión? Los expedientes que contienen la esperanza de una vida digna para nuestros hijos llevan años sin avanzar, cuestionan.
"Si el problema es económico, político o administrativo, es su deber resolverlo. Se rumorea, aunque no nos consta, que haya habido un desvío de fondos económicos. Exigimos resultados claros y transparentes".
Por lo que reiteran que si no puede con el cargo, renuncie y deje que alguien capaz lo haga. Es urgente que se dé una solución inmediata y prioritaria a los casos de los juzgados familiares, pues son los que directamente afectan la seguridad y el bienestar de los menores.
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