Hacia el exterior del Congreso Federal, crece el repudio a la eventual propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el fondo, la iniciativa del régimen 4T, busca debilitar aún más a los partidos opositores.
¿De qué manera? A través de la reducción de las prerrogativas a las fuerzas políticas.
Además, se pretende la desaparición de los legisladores plurinominales, que nacieron para el acceso al parlamento de los partidos opositores pequeños.
La oposición al proyecto electoral claudista, encontró un fuerte rechazo en especialistas en la materia.
Este rechazo se suma a las voces del régimen que disienten de la propuesta, pero no lo dicen por temor a represalias.
¿Nación muerta la iniciativa de la presidenta? Aún es temprano para poder afirmarlo.
La postura que es lo suficientemente clara, es la presentada por integrantes del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD).
Sus representantes, Lorenzo Córdova y José Woldenberg, externaron su preocupación ante la iniciativa presidencial.
Los ex presidentes del entonces INE e IFE, advirtieron sobre el riesgo de impulsar cambios "fuera de toda normalidad constitucional".
El IETD recordó que la actual conformación del Congreso, surgió de una maniobra que permitió una sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado.
Las propuestas del citado Instituto, consisten en fortalecer la representación proporcional.
Es decir, proponen un equilibrio 50/50 entre diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional (250 y 250, respectivamente).
De inmediato, la presidenta Sheinbaum rechazó dicha propuesta en su conferencia de Palacio Nacional.
Para el Senado, el IETD se pronunció por un sistema exclusivamente proporcional con circunscripciones estatales, eligiendo cuatro senadores por entidad.
Asimismo, garantizar la autonomía de las autoridades electorales, donde el nombramiento de los consejeros del INE recaiga en el Senado.
La misma fórmula se propone para la designación de magistrados del Tribunal Electoral, con participación de universidades y colegios profesionales.
Además, se contempla preservar el Servicio Profesional Electoral Nacional, como eje fundamental para asegurar la capacidad técnica del INE.
Y en contra propuesta a la iniciativa Sheinbaum, se plantea asegurar un financiamiento público equitativo.
Con ello se blindará la política partidista de la influencia del dinero ilícito y de las grandes fortunas privadas.
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