Martín Aguilar
Vecinos opositores a la construcción de Utopías en sus territorios recurrieron hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum para manifestar su inconformidad con esos proyectos que, advirtieron, no responden a las condiciones, dinámicas ni necesidades de otras comunidades donde ya existen instalaciones funcionales y redes comunitarias activas.
Representantes de pueblos originarios, de espacios deportivos y comunitarios consolidados, vecinas y vecinos usuarios de los deportivos Xochimilco, El Triángulo en Tlaltenco, Tláhuac, el Hermanos Galeana, Eduardo Molina, Ceylán, así como San Pedro Cuajimalpa y el parque Japón en Las Águilas, presentaron su rechazo en una carta abierta dirigida a la jefa del Ejecutivo federal.
También explicaron que acuden a la presidenta del país porque confían en sus palabras de que el pueblo manda y que se rige por los principios de la austeridad y el bienestar social.
Los inconformes reconocieron que las Utopías funcionaron en Iztapalapa, pero opinaron que, al intentar replicarlos sin una valoración territorial adecuada ni una consulta efectiva, provocaron una resistencia legítima y cada vez más amplia, como ya ocurre en siete alcaldías por lo menos.
"La imposición de estas obras, sin dictámenes técnicos, sin transparencia y sin procesos participativos reales, ponen en riesgo espacios comunitarios donde ya se realiza trabajo social, cultural y deportivo, Además, representan una duplicación innecesaria de infraestructura y un gasto de miles de millones de pesos evitable, en una ciudad donde aún existen zonas con carencias reales de equipamiento social", explicaron los vecinos.
Los vecinos enumeraron cinco puntos de oposición a las Utopías impulsadas por Clara Brugada, jefa de gobierno local, y en primer lugar rechazaron la intervención de espacios comunitarios consolidados; el segundo planteamiento es la exigencia de redirigir estos proyectos a zonas donde sí hace falta infraestructura básica; proponen también la suspensión de las obras en lugares donde las comunidades se han manifestado en contra.
Asimismo, la necesidad de realizar consultas públicas, abiertas y vinculantes, sin intervención gubernamental antes de ejecutar cualquier obra de impacto social; y, por último, llaman a reconocer "que algo no se está haciendo bien, cuando múltiples comunidades coinciden en su oposición".
Los vecinos inconformes aclararon que su "postura no es política ni partidista. Es una defensa legitima del derecho a decidir sobre nuestros territorios y a que se escuche nuestra voz. No nos oponemos a estos proyectos, pero sí a su imposición sin diálogo ni sentido común".
Ofrecen que como comunidad organizada seguirán sus acciones sociales y legales de forma pacífica, coordinada y constante en cada uno de los territorios afectados.
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