Así como la Guardería ABC marcó a la administración de Felipe Calderón; los 43 a la de Enrique Peña Nieto, los 26 de la Línea 12 serán el sello del gobierno de la Cuarta Transformación.
Cuando el tema parecía estar bajo control, luego de la intervención de Palacio Nacional para lograr un acuerdo reparatorio con las víctimas y el gobierno, la administración capitalina volvió a detonar el caso, que está escalando al plano internacional.
Porque al acusar a la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV) de haber sembrado un dictamen para incluir la falta de mantenimiento como posible causa de la tragedia en la Línea 12, afecta la credibilidad de una empresa con más de 100 años de prestigio, que la propia 4T contrató.
El gobierno capitalino acusó a los noruegos de hacer un peritaje tendencioso y falso, además de tener entre sus colaboradores a un abogado que hace 10 años litigó un tema en contra de Andrés Manuel López Obrador.
La empresa ya fue demandada por la vía civil y está advertida con ser llevada ante la fiscal Ernestina Godoy para levantarle cargos penales, si se atreve a difundir el informe que fue pagado con dinero de los ciudadanos.
Los noruegos seguro se van a defender, claro, pero lo harán en tribunales internacionales y, entonces, los nombres de las autoridades de la Ciudad de México traspasarán las fronteras.
Qué puntería la de revivir el tema justo en el aniversario de la tragedia que mató a 26 personas y dejó heridas –incluso discapacitadas– a más de 100.
En lugar de defender a las víctimas, el gobierno capitalino se concentra en usar todos los espacios posibles para proteger a la exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, quien se asumía también como directora de Mantenimiento.
Ahora que el tercer informe de DNV concluye que un elemento que pudo contribuir a la tragedia fue precisamente la falta de mantenimiento, la 4T salta para desacreditar la hipótesis, pues evidenciaría un descuido criminal del Metro.
Por más que la Cuarta Transformación lo intente, no se quitará la mancha de los 26 de la Línea 12. Y no porque Claudia Sheinbaum hubiera sido la responsable de la tragedia, sino porque su gobierno encubrió a los responsables e intentó ocultar la verdad sobre las fallas.
Es muy probable que de Palacio Nacional tomen de nuevo el caso para hacer un control de daños, pues está claro que la jefa de Gobierno no tiene un equipo capaz para salir del hoyo en el que cayó.
En un primer intento de enfriar el tema, se envió al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, a dar la cara en entrevistas. El secretario es buen tipo y hasta capaz en su área, pero Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino se lo devoraron en una entrevista telefónica.
Al final lo hicieron cantinflear y aceptar que el informe de DNV no se dará a conocer, porque se había judicializado; o sea, quedará en el oscurantismo.
Frente a ello, se optó por mandar a Martí Batres, pero desde que el secretario de Gobierno fue anunciado, acabó cualquier esperanza de credibilidad, sobre todo después de anunciar que el tema lo tomaría Ernestina.
Ni el gobierno de Peña se vio así... y eso que eran bastante torpes.
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