Rebeca Marín
Desde diciembre pasado empresarios del ramo energético son extorsionados por elementos federales, bajo el argumento de que se efectúan operativos y se acercan a los puntos de venta de gas Licuado de Petróleo (LP).
Lo anterior fue denunciado por los propios empresarios, al exponer que los puntos de venta son legales, al igual que las gasolineras ubicadas en los municipios de Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero en las que también se ejecutan operativos, con el pretexto de que les falta la documentación necesaria y, por tanto, exigen cuotas que van desde los 100 a 200 mil pesos mensuales.
Se han documentado los hechos por las propias víctimas, por lo que exigen la intervención inmediata de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, así como de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
De acuerdo con los denunciantes, el acoso de los agentes de la FGR ha incrementado de manera considerable en los primeros días del año.
Raúl Garza, encargado de una gasolinera afectada en Atizapán, declaró que "nosotros tenemos todo en regla, los permisos de la Secretaría de Energía, la documentación en regla de Protección Civil del Estado y los permisos municipales, los renovamos cada que lo piden; sorteamos a la delincuencia organizada, los robos y por si fuera poco, generamos empleos, pero aun así ahora los mismos policías son los que nos quieren perjudicar".
Los afectados dieron cuenta que dichos operativos se realizan los fines de semana, cuando los oficiales llegan con el argumento de revisar si en los establecimientos se vende gasolina o gas robado, producto del llamado huachicol, sin embargo, no presentan la documentación que corresponde; luego de eso y con cualquier pretexto, amagan con clausurar el lugar.
Precisaron que, si bien están conscientes que la FGR está facultada para investigar el robo de hidrocarburos, saben que este modus operandi no corresponde a la institución, porque con frecuencia los revisan.
"Sabemos cuáles son los operativos reales y cuáles no y estos, aunque los agentes sí son de la corporación, no están destinados para esto. Nos dicen que van a abrir una carpeta de investigación y mientras se hace la diligencia clausuran y todos están coludidos porque en minutos llega un MP con la orden de un juez y mientras son peras o manzanas, los negocios los cierran hasta por un año", señaló Garza, tras precisar que la FGR ya tiene conocimiento de estas extorsiones por lo que ya se abrió un expediente en Asuntos Internos.
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