México indemnizará con 6.7 mdd a empresa de Singapur debido a Oceanografía

Rebeca Marín

 

Un tribunal internacional solicitó al Gobierno mexicano pagar alrededor de 6.7 millones de dólares como indemnización a la empresa PACC Offshore Services Holdings Ltd (POSH), originaria de Singapur, pero sólo representa menos del 3 por ciento del monto que la compañía reclamaba en un inicio por afectaciones a sus inversiones tras una relación comercial con la empresa de servicios petroleros Oceanografía.

 

El 11 de enero de 2022, un tribunal internacional desestimó prácticamente todas las reclamaciones de POSH en contra del Estado mexicano, conforme al Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de México y el de Singapur (APPRI México-Singapur), informó en un comunicado la Secretaría de Economía (SE).

 

POSH mantuvo una relación comercial con la empresa mexicana Oceanografía a la cual le fletó embarcaciones mediante empresas subsidiarias mexicanas y singapurenses, informó la dependencia.

 

Desde el punto de vista de POSH, algunos actos realizados por autoridades mexicanas dirigidos a Oceanografía afectaron sus inversiones en México.

 

Por lo que POSH reclamó una compensación económica en contra del Estado mexicano superior a los 227 millones de dólares, pero de todos los puntos el tribunal sólo consideró real la detención temporal de algunas embarcaciones propiedad de la empresa.

 

"El tribunal desestimó las reclamaciones de POSH debido a que carecían de méritos, considerando que los actos de autoridades mexicanas no eran expropiatorios y tampoco eran injustos e inequitativos, salvo una medida relacionada con la detención temporal de algunas embarcaciones propiedad de POSH.

 

"Ante esta situación, la mayoría del tribunal condenó a México a pagar en favor de POSH aproximadamente 6.7 millones de dólares como indemnización, lo cual equivale a menos del 3 por ciento del monto inicialmente reclamado", detalló SE.

 

El resultado de este arbitraje es producto de un proceso de cuatro años por parte de funcionarios de la dependencia. 


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