Martín Aguilar
El dictamen a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuesta por la jefa de gobierno Clara Marina Brugada Molina, fue aprobada por los diputados que conforman las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso capitalino.
Dentro del documento se establece que la reforma "se justificó en la percepción de opacidad y desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, que innegablemente sufre de problemas estructurales como la corrupción y la dilación en la resolución de los asuntos de su conocimiento".
Quedó establecido que la implementación de elecciones populares y la creación de órganos de supervisión buscan paliar los problemas, con la alineación del sistema judicial con el anhelado ideal de impartición de justicia rápida, expedita e independiente.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Alberto Martínez Urincho, en su argumentación, delineó que la división de poderes implica una serie de pesos y contrapesos.
Precisó que la división tradicional se basa en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tienen un mutuo control y permiten proteger de mejor forma las garantías individuales y los derechos humanos, y posibilitan un Estado Constitucional y un sistema democrático.
Tras exponer que se busca adecuar, armonizar, operativizar e implementar la reforma constitucional de diciembre de 2024, estimó que la reforma al Poder Judicial significa un momento histórico, y con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial se fortalecen sus funciones y mejora la administración de justicia.
A su vez, el congresista de Morena Fernando Zárate Salgado, en la discusión del dictamen, rechazó la postura de personas legisladoras de la oposición que abandonaron un debate que busca construir instituciones, avanzar en la aplicación de la justicia, en materia penal civil, familiar, ejecución de sentencias y constitucional; sin embargo, adelantó que ante el pleno tendrán una discusión sólida.
Una vez que indicara que su grupo parlamentario se abstendría de votar el dictamen porque el tiempo que han tenido para analizarlo ha sido insuficiente, el coordinador de la diputación de Movimiento Ciudadano, legislador Royfid Torres González acotó que las reservas presentadas buscan que se lleven a cabo modificaciones de aspectos sustanciales, y reconoció que ya se han incorporado algunas en la nueva versión.
Adelantó que se presentará un voto particular, como una consideración general de la Ley Orgánica.
En su turno, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, la congresista Tania Nanette Larios Pérez, se pronunció a favor del dictamen en un sentido de responsabilidad que reconoce el avance, diálogo e interlocución, ya que el fin común que se persigue es que las y los ciudadanos tengan una Ley Orgánica que garantice los contrapesos y la justicia.
"Si hay voluntad", dijo, se puede avanzar en el rezago de más de 100 leyes orgánicas secundarias pendientes que se tienen que armonizar a favor de la ciudadanía.
El dictamen aprobado establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial local contendrá las disposiciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia en la capital; se extingue formalmente el Consejo de la Judicatura, con la protesta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Por lo que hace al Órgano de Administración Judicial, se integrará por cinco personas, que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la jefatura de gobierno; una por el Congreso mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes y tres por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la adscripción y remoción de las personas juzgadoras, y velará por los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas.
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