Rebeca Marín
La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) pospuso la megamovilización que tenía prevista para el próximo 1 de septiembre, donde más de 7 mil 500 concesionarios bloquearían las principales vialidades de la Ciudad de México. La decisión no se debió a una solución concreta, sino a la presión que obligó al Gobierno capitalino a abrir un canal de diálogo.
De acuerdo con los voceros de la FAT, fue hasta que anunciaron la protesta cuando el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, los buscó personalmente para frenar la movilización, con la promesa de acercarlos a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y de sentarlos en la mesa con las secretarías de Movilidad y Finanzas.
Los transportistas señalaron que las autoridades les pidieron retrasar la protesta una semana, bajo el compromiso de escuchar sus exigencias. Incluso -aseguraron- se les reconoció el derecho de ejercer bloqueos antes de que termine septiembre, si no hay avances en la negociación.
Los representantes Saúl Medina, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Aniceto Guzmán dejaron claro que no existe una respuesta definitiva sobre su demanda central: un ajuste a la tarifa del transporte público o, en su defecto, la entrega de bonos para combustible que permitan enfrentar el déficit financiero con el que operan.
Aunque la FAT manifestó su disposición al diálogo, subrayó que no dará marcha atrás en su lucha. "No queremos afectar a la ciudadanía en el regreso a clases, pero tampoco podemos seguir trabajando en condiciones que nos tienen al borde de la quiebra", advirtieron.
El mensaje de los transportistas es contundente: la megamovilización se aplaza, no se cancela, y de no concretarse un acuerdo, el Gobierno de la Ciudad de México enfrentará la presión de miles de unidades paralizando la capital.
En los últimos años, la FAT se ha consolidado como uno de los frentes más duros de negociación con el Gobierno capitalino. Sus amagos de paro y bloqueos masivos han sido una estrategia recurrente que, aunque polémica por el impacto en la ciudadanía, les ha permitido sentarse en la mesa de diálogo y obtener concesiones económicas y de operación. Esta vez no es la excepción, y el pulso entre autoridades y transportistas promete intensificarse en septiembre.
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