Martín Aguilar
El Gobierno de la Ciudad de México anunció el fortalecimiento de su estrategia para combatir el delito de extorsión, con énfasis en las zonas de mayor actividad económica, como la alcaldía Cuauhtémoc, donde se concentra una parte importante del comercio y los servicios de la capital.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se pondrá en marcha una campaña específica contra este delito, al tiempo que se impulsarán reformas legales ante el Congreso de la Ciudad de México para reforzar el marco de atención y persecución de la extorsión, en coordinación con las acciones que se desarrollan a nivel federal.
La mandataria explicó que una de las prioridades de las iniciativas es fortalecer la protección a las víctimas, con el objetivo de reducir el temor a denunciar y facilitar la actuación de las autoridades.
Señaló que la estrategia contempla la participación de distintos sectores de la ciudad, incluidos empresarios, comerciantes, escuelas y organizaciones sociales, a fin de establecer mecanismos de prevención y respuesta desde los distintos ámbitos territoriales.
Adelantó que el combate a la extorsión será una tarea permanente y coordinada entre los tres niveles de gobierno, lo que permitirá dar seguimiento a lo que ocurre en los comercios y comunidades, así como mantener un vínculo constante con la ciudadanía para difundir información sobre cómo enfrentar este delito. En ese contexto, llamó a los gobiernos locales a sumarse a la campaña y a promover la cultura de la denuncia.
La jefa de Gobierno detalló que, como resultado de reformas recientes, se incrementaron las penas en casos de extorsión y tentativa de extorsión, y se modificaron los procedimientos para que las víctimas no estén obligadas a presentar una denuncia formal, sino únicamente realizar un reporte. Esta medida, explicó, permite que la Fiscalía General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Ciudadana actúen de manera inmediata.
De acuerdo con la mandataria, estos cambios han contribuido a un aumento en las detenciones relacionadas con este delito, al facilitar la intervención de las autoridades a partir de la información proporcionada por la ciudadanía, sin necesidad de que las personas afectadas enfrenten solas el proceso legal
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