Rebeca Marín
El año 2026 se perfila como un periodo determinante para definir el rumbo económico de México. En su más reciente análisis, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) advierte que, si bien existen oportunidades en la integración regional, el país debe superar desafíos críticos en seguridad, certidumbre jurídica y combate a la informalidad para consolidar un entorno atractivo a la inversión.
Las proyecciones para 2026 anticipan un progreso moderado. Mientras que organismos internacionales como el FMI y la OCDE estiman un crecimiento del PIB de entre 1.2% y 1.5%, y Banxico proyecta un 1.1%, el Gobierno Federal mantiene una expectativa más optimista de entre 1.8% y 2.8%. Según Banxico, se prevé una inflación de 3.8% y un tipo de cambio estable entre los 19.6 y 19.8 pesos por dólar.
No obstante, COPARMEX subraya que este dinamismo es insuficiente para generar el bienestar necesario. Actualmente, más del 55% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, lo que limita la recaudación y el acceso a la seguridad social.
Un factor crítico que sigue inhibiendo el crecimiento es la inseguridad. Al cierre de 2025, la extorsión alcanzó niveles históricos, con un aumento del 4.4% respecto al año anterior, registrando casi seis mil víctimas solo en el primer semestre. La confederación alerta que la cifra negra de delitos es cercana al 97%, lo que eleva los costos operativos de las empresas y ahuyenta el capital productivo.
A esto se suma la incertidumbre política derivada de reformas como la judicial y la eliminación de contrapesos institucionales, factores que han erosionado la confianza de los inversionistas y la certidumbre jurídica indispensable para proyectos de largo plazo.
Para convertir las oportunidades del nearshoring y la revisión del TMEC en resultados concretos, COPARMEX propone una agenda basada en seis ejes prioritarios:
Certidumbre jurídica: Respeto irrestricto al Estado de Derecho y a los contratos.
Seguridad: Combate frontal a la extorsión y fortalecimiento de policías y fiscalías.
Energía: Acceso a electricidad y gas a precios competitivos.
Finanzas responsables: Priorizar la inversión pública en salud, educación e infraestructura sin comprometer el equilibrio fiscal.
Impulso a MiPyMEs: Reducción de la sobrerregulación para fomentar la formalidad y la productividad.
Integración regional: Fortalecer la alianza con Norteamérica de cara a la revisión del TMEC.
La organización reafirmó su compromiso de señalar los riesgos de políticas públicas que debiliten las instituciones, impulsando al mismo tiempo el diálogo para sentar bases sólidas de desarrollo social y económico en México.
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