Coordenadas Políticas/Martín Aguilar/Nadie sabe para quien trabaja

Literal: a partir del 1 de septiembre 720 magistrados y jueces pasarán a formar parte de las cifras de desempleo.

 

Más grave resulta que ese ejército de juzgadores, enfrentará restricciones, como la prohibición de no poder laborar en el sector privado por dos años.

 

El 31 de agosto 411 magistrados de circuito y 309 jueces de distrito, serán destituidos del cargo que aún desempeñan.

 

Del total de juzgadores mencionados, 376 participaron en las elecciones del pasado 1 de junio.

 

Sin embargo, sólo 81 ganó la elección, de los cuales 27 para magistrados y 54 jueces.

 

Los restantes 292 serán despedidos, pero enfrentan una total incertidumbre, respecto a la indemnización a la que tienen derecho.

 

Por ello, el pasado domingo 6 de julio, agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), realizaron una protesta.

 

Durante su manifestación en contra de la reforma judicial, acusaron al gobierno federal de mantener una estrategia de "venganza" en su contra.

 

Además, denunciaron que se encuentran en riesgo de no recibir el pago de las indemnizaciones correspondientes a su remoción del cargo.

 

La dirigente de JUFED, Juana Fuentes Velázquez, llamó a sus agremiados a resistir los embates de lo que representa un "golpe de Estado constitucional".

 

Fuentes Velázquez, advirtió que "Claudia Sheinbaum no lidera una democracia moderna; conduce un proyecto autoritario, centralista, que va en sentido contrario a la historia".

 

De antemano, no dejó pasar la oportunidad de cuestionar con severidad la elección judicial, en la que no hubo garantías de equidad, transparencia, ni competencia real.

 

Alzó la voz en contra del "secuestro" de los recursos destinados a la liquidación de los juzgadores.

 

"Exigimos a Nafin cumpla con las suspensiones y el gobierno regrese esos recursos; que nadie de por hecho que no habrá acciones legales y políticas", sentenció.

 

Incluso la dirigente de los juzgadores recordó que la OEA no recomendó la adopción de este sistema judicial a otras naciones, pues advirtió que en 2027, "ya no tendremos país qué defender".

 

Por lo que aseguró que el único camino es la "insurgencia cívica para proteger el Estado de derecho".

 

Y sostuvo que la historia no se construye desde la sumisión; la República, se defiende con coraje, razón y demanda de justicia.

 

Precisamente ayer, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, recibió al ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz.

 

Con ello, inició el proceso de transición del actual sistema judicial, al que señaló Fuentes Velázquez. 

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