Martín Aguilar
La fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de México promueve reformar diversas disposiciones del Código Penal, para endurecer las penas por el delito de despojo y combatir la profunda crisis de impunidad que afecta a los capitalinos, cuando en la actualidad sólo el 14 por ciento de las denuncias culminan en vinculación a proceso.
Al respecto, la coordinadora de la bancada del Revolucionario Institucional en el recinto de Donceles y Allende, Tania Larios Pérez, presentó formalmente ente el pleno de ese órgano deliberativo la propuesta del partido, a la vez que se comprometió a dar acompañamiento legal y solidario a cada una de las familias afectadas.
Sostuvo que se debe llevar el tema al Poder Legislativo local, a fin de exponer ese tipo de arbitrariedad de que han sido objeto diversos capitalinos, que ante el desalojo están desprotegidos.
La congresista priista, en el marco de la presentación de la iniciativa, acompañó en una conferencia de prensa a vecinos de Rancho Tenango, Oyamel, ubicado en Avenida Ojo de Agua 287, en La Magdalena Contreras, quienes denunciaron el desalojado de sus viviendas y locales que fueron demolidos por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, debido a que en ese lugar se planea la construcción de una Utopía y terminal de Cablebús.
Resulta que la propuesta de Tania Larios para reformar diversas disposiciones del Código Penal, considera que el despojo es un delito patrimonial cuya incidencia ha aumentado de forma permanente en los últimos años.
Señaló la representante popular del tricolor que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que para el tercer trimestre de 2025, se reportó una incidencia de dos mil 621 casos de despojo en la metrópoli, un crecimiento de al menos ocho puntos porcentuales respecto a 2024. Esto posiciona a la gran urbe como la segunda entidad con más casos a nivel nacional, después del Estado de México.
Dio cuenta que la iniciativa busca fortalecer la protección legal de los ciudadanos, especialmente de los grupos vulnerables, y castigar severamente la reincidencia. Se propone imponer de 12 a 24 años de prisión y de cuatro mil a seis mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quienes cometan el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada.
Se añaden causales de agravación al delito cuando el despojo se cometa en contra de mujeres, personas mayores de sesenta años de edad, con discapacidad o pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.
Asimismo, se agrava la sanción cuando se utilicen armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa.
Quedó establecido en la conferencia que el problema de impunidad es alarmante, de 18 mil 243 denuncias de despojo registradas entre 2021 y a septiembre de 2025, únicamente el 14 por ciento ha culminado con la vinculación a proceso.
Larios Pérez aseguró que, aunque las autoridades reportan un aumento en detenciones, la realidad es que el número de personas sentenciadas por el delito se ha reducido de 456 a 218 procesados entre 2024 y 2025.
En la sala de prensa del Congreso capitalino, un grupo de 15 vecinos de la alcaldía La Magdalena Contreras, denunció el arbitrario desalojo del que fueron objeto el pasado 24 de septiembre, en donde al predio ubicado en Rancho Tenango, Oyamel, en avenida Ojo de Agua 287, entró maquinaria pesada para demoler viviendas y comercios afectando a 15 familias en igual número de viviendas a derribar los inmuebles, con el pretexto de que en el lugar se construirá una Utopía y una estación del Cablebús.
Aún y cuando se tramitó un amparo y se obtuvo el 11 de septiembre una suspensión provisional concedida por un juez federal para que no les demolieran, la autoridad de la Ciudad de México no respetó las disposiciones legales y arbitrariamente demolió las viviendas construidas desde hace 40 años, según la versión de los afectados.
La Utopía proyectada en La Magdalena Contreras se pretende realizar, sin haber llevado a cabo una consulta pública, para conocer la opinión de los vecinos afectados por la construcción.
El gobierno capitalino en compensación por la demolición de las viviendas ofreció a los propietarios un apoyo de renta de cuatro mil pesos mensuales para lo que resta de año y un bono de diez mil pesos para que los afectados busquen una nueva vivienda.
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