Crecimiento exponencial de rentas, desalojos violentos sin aviso ni mediación, desplazamientos forzados, despojos, ausencia de contratos, requisitos discriminatorios, falta de control y de información: frente a la desigualdad entre personas arrendadoras y arrendatarias expresada en las protestas y retomada por la Jefa de Gobierno con las medidas anunciadas del Bando 1, la Ciudad de México tendrá una Defensoría de Derechos Inquilinarios, tema del Foro Temático convocado por la Consejera Jurídica Erendira Cruz Villegas en la Comisión de Derechos Humanos. Además de un análisis de contexto y proceso de escucha, se puede aprender de experiencias internacionales.
El modelo de Washington DC ha logrado convertirse en un órgano visible, con una línea directa de atención y protocolos claros. Barcelona le apostó al control de viviendas ociosas, especulativas o abandonadas y en actuar con alerta temprana y procesos de mediación con brigadas anti-desalojo que llegan al territorio. En Toronto se resalta el esquema de inspección y un modelo basado en la publicación de puntajes por edificio como una herramienta para generar información y cambiar conductas sin necesidad de litigio. En Filadelfia la mediación obligatoria previa a juicio logró reducir en casi la mitad las demandas de desalojo, garantizando acuerdos sostenibles para ambas partes. En Irlanda el registro digital de contratos y un régimen de sanciones claras fortalecen la trazabilidad y la confianza en el mercado. En París se establece un modelo de atención personalizada, vinculado a la gestión de vivienda social en renta y rangos de renta de referencia transparentes para frenar aumentos abusivos en zonas de tensión inmobiliaria. En San Francisco el derecho a una defensa jurídica profesional y eficaz mejora radicalmente las posibilidades de acceso a la justicia.
Entre los retos que comparten varias experiencias internacionales se pueden resaltar: la necesidad de contar con un presupuesto adecuado, fortalecer el sistema de inspección, no caer en la burocratización excesiva de los procesos y la coordinación interinstitucional.
La Ciudad tiene la oportunidad de diseñar un modelo inédito con prevención, atención, acceso a la justicia y producción de datos para impulsar políticas públicas necesarias. Podría manifestarse con la creación de un organismos autónomo que absorbería la Procuraduría Social y la defensoría pública actual retomando pendientes de la Constitución capitalina.
El modelo debe contemplar perspectivas transversales como de derechos humanos, de género y atención a grupos prioritarios. El Derecho al Buen Gobierno debe ser la brújula con tolerancia cero a la corrupción, mecanismos de denuncia efectivos y rendición de cuentas permanente por las características conocidas del sector inmobiliario.
Esta Defensoría debe hablarle a la gente con pedagogía territorial ciudadana accesible y multicanal. Su implementación debe evaluarse constantemente, con indicadores y revisiones externas, corrigiendo rumbos cuando sea necesario. La participación social y la apertura institucional serán claves para la apropiación y el funcionamiento del modelo, involucrando a todos los sectores rumbo a un Gran Acuerdo por la Justicia Habitacional en la Ciudad de México.
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