Entrevista a Gloria Brito Nájera, representante de familias organizadas en Tláhuac
La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, está organizando una campaña de hostigamiento y violencia hacia organizaciones de ciudadanos que le exigen cumpla con sus deberes como edil de esta demarcación, pues en Tláhuac existen múltiples problemas sociales, como el grave aumento de la inseguridad y la pobreza, asimismo existe un amplio número de familias que no cuentan con servicios básicos, ni vivienda, derechos asentados en nuestra Constitución, pero que en Tláhuac se desconocen, ha acusado Gloria Brito Nájera, dirigente del antorchismo capitalino.
Podría recordar cuál es la problemática que se vive en Tláhuac con la alcaldesa, Berenice Hernández y su negativa a que el Instituto de Vivienda construya vivienda para humildes familias.
Sí. Alrededor de 500 familias de Tláhuac han venido gestionando junto con el Movimiento Antorchista un hogar digno, hace meses que el Gobierno de la Ciudad de México instruyó al Instituto de Vivienda (INVI) resolver esta situación, por lo que se comprometió a adquirir un predio en esta demarcación para edificar vivienda, que será entregada a pagos a estas familias humildes, no se pide nada gratis, como ha querido hacerlo creer la alcaldía para denostar nuestra justa demanda, sino que las familias pagarían por ellas.
Sin embargo, para que el INVI pueda comprar dicho predio es necesario que la alcaldesa otorgue el permiso para este fin, pero hasta hoy se ha negado, a pesar de que a ella ni a su gobierno le costarán un solo peso.
¿Cuáles son los argumentos de la alcaldesa para negarse?
Sus argumentos son irrisorios, pues ella ha manifestado en múltiples foros que su negativa se debe a que en Tláhuac existe carencia de servicios básicos, como lo es el agua potable y el drenaje. Sin embargo, las falsedades de sus argumentos quedan exhibidos porque en cambio sí autoriza la construcción de zonas residenciales con casas de lujo que costarán arriba de los 5 millones de pesos, como la que se edifica en la avenida Guillermo Prieto, en la colonia Miguel Hidalgo, en donde sí se tienen asegurados dichos servicios, o sea que para la gente rica sí hay servicios y a los pobres se les hace a un lado.
¿Qué acciones han realizado para lograr que la alcaldesa otorgue este permiso?
En primer lugar quiero resaltar que existe una inconformidad de la ciudadanía por este hecho, porque lo único que se ve claramente es el odio que la alcaldesa le profesa a las organizaciones sociales y a todo aquel que le exige que cumpla con su deber de funcionaria pública y otorgue los satisfactores para que la población pueda vivir en mejores condiciones. Ante esto, nos hemos mantenido en un clima pacífico, como todo lo que realiza Antorcha a lo largo y ancho del país, pero sí enérgico en nuestra exigencia, por lo mismo hemos realizado múltiples movilizaciones de denuncia, como marchas y mítines, asimismo hemos ido casa por casa informando a la ciudadanía sobre la situación que padecemos, obteniendo un amplio respaldo solidario de los tlahuaquenses, y eso nos demuestra que vamos en el camino correcto.
Recientemente usted ha levantado una denuncia pública contra la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández. ¿Podría explicarnos con detalle de qué se trata?
La denuncia que hacemos no es un asunto personal ni un simple malentendido político. Lo que está ocurriendo en Tláhuac es muy grave: la propia alcaldesa ha impulsado un clima de hostigamiento y violencia en contra de los vecinos que nos organizamos para exigir un derecho constitucional, que es el derecho a una vivienda digna. No hablamos de rumores ni de especulaciones, son hechos comprobables y recientes que muestran una campaña sistemática de intimidación y desprestigio. Lo más grave es que esa campaña parte del propio gobierno, desde dentro de la alcaldía, y no de ciudadanos comunes como quieren hacerlo parecer.
¿En qué basa usted esta acusación de campaña sistemática? ¿Podría contarnos qué pruebas tienen?
Claro que sí. Nosotros hemos documentado tres hechos que hablan por sí solos.
El primero es la difamación en redes sociales y WhatsApp, pues a través de empleados de la alcaldía, se han difundido mensajes en los que nos llaman "invasores". Esa es una acusación falsa y malintencionada. Si hubiera pruebas de que alguien invadió un predio, la alcaldesa ya habría presentado denuncias formales, pero no las hay, porque simplemente no es verdad. Somos vecinos de Tláhuac de toda la vida, con credencial de elector en mano para comprobarlo, que hemos trabajado, formado nuestras familias aquí y ahora reclamamos un derecho legítimo.
El segundo hecho es todavía más preocupante. Cuando convocamos a una manifestación pacífica en la explanada de la alcaldía, esperábamos diálogo. Pero la respuesta de la alcaldesa fue mandar a llenar el lugar con más de 150 golpeadores, lo que comúnmente se conoce como "grupos de choque". Eso no tiene otro propósito que provocar violencia, sembrar miedo y evitar que la gente se exprese libremente.
Y el tercer hecho fue una incitación abierta al linchamiento. Una de sus funcionarias, Yazmín Gutiérrez, lanzó un llamado muy irresponsable: "que se escuchen las campanas contra los invasores". Imagínese el mensaje que eso manda: es una invitación a agredir físicamente a los vecinos que protestamos. Es jugar con fuego, porque ese tipo de llamadas pueden terminar en tragedias irreparables.
Estos tres hechos, la difamación, los grupos de choque y el llamado al linchamiento, no son aislados, sino que forman parte de una misma estrategia orquestada desde la alcaldía para crear un ambiente hostil, justificar la represión y silenciar a quienes alzamos la voz.
¿Sobre la demanda que solicitan que puede agregar?
Queremos dejarlo muy claro: no estamos pidiendo casas regaladas. Nadie aquí quiere limosnas ni favores políticos. Lo que exigimos es un crédito justo a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el INVI. Estos créditos no generan intereses y se calculan de acuerdo a los ingresos de cada familia, de modo que son accesibles para trabajadores que de otra manera nunca podrían acceder a un crédito bancario. Este esquema ha sido utilizado por miles de familias en toda la ciudad. Gracias al INVI, muchas personas de escasos recursos han podido construir o adquirir un hogar digno. Entonces, lo único que pedimos es lo mismo: acceso a un mecanismo legal, reconocido y probado, que nos corresponde como ciudadanos.
Usted insiste en que no se trata de un beneficio para unos cuantos, sino de un derecho universal. ¿Por qué dice que la negativa de la alcaldesa afecta a toda la comunidad?
Porque la vivienda es un derecho constitucional, está en el artículo 4º de la Constitución. No es un regalo del gobierno, no es un programa clientelar: es un derecho. Hoy la alcaldesa nos niega ese derecho a nosotros, pero mañana puede negárselo a cualquier joven que quiera independizarse, a una familia que vive en hacinamiento, a un matrimonio que quiere dejar de pagar renta para construir un patrimonio. Lo que hace la alcaldesa al cerrarnos las puertas es sentar un precedente muy peligroso: que el gobierno puede decidir a quién darle acceso a la vivienda y a quién no, según sus intereses políticos. Eso es un ataque contra toda la comunidad de Tláhuac, no sólo contra nuestro grupo.
¿Cómo describiría usted el clima social que se vive hoy en la alcaldía?
Tristemente, es un clima de miedo y de división. En lugar de promover la paz, la alcaldesa está fomentando la confrontación entre vecinos. Lo que debería ser un debate sobre derechos se ha convertido en un ambiente enrarecido, con rumores, amenazas y provocaciones. Y eso es muy delicado, porque puede derivar en violencia física. Nosotros siempre hemos actuado de manera pacífica, organizada, con propuestas claras. Pero cuando el propio gobierno pone a golpeadores en la explanada o lanza mensajes de linchamiento, está poniendo en riesgo la integridad de la gente.
¿A quién responsabilizan si ocurre una agresión contra algún vecino o manifestante?
Responsabilizamos directamente a la alcaldesa Berenice Hernández. Ella tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Tláhuac, pero en lugar de eso ha actuado como promotora de la violencia. Por eso decimos con toda claridad: si algún compañero o compañera sufre una agresión verbal o física, la responsable será ella, porque es quien ha alentado este clima de hostigamiento.
¿Qué acciones están tomando ustedes frente a esta situación?
Nuestra primera decisión es no caer en provocaciones. Queremos dejar claro que nuestro movimiento es pacífico. No buscamos enfrentamientos, buscamos soluciones. Estamos organizados para demostrar que somos vecinos legítimos de Tláhuac y que nuestra exigencia es justa y legal.
Al mismo tiempo, estamos solicitando la intervención de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Pedimos que detenga de inmediato estas prácticas porriles, que incremente la seguridad pública en la alcaldía y que garantice que se respete el derecho a manifestarse sin miedo a represalias.
Para terminar, ¿qué mensaje quiere dar a los habitantes de Tláhuac y a la ciudadanía en general?
El mensaje es simple y firme: no nos van a intimidar. No nos van a callar con mentiras, con amenazas ni con provocaciones. Vamos a seguir organizados y movilizados hasta que se respete nuestro derecho a la vivienda.
Y quiero subrayar que esta no es la lucha de unos cuantos, es la lucha de toda una comunidad que quiere vivir con dignidad, en paz y con un futuro mejor para sus hijos. El derecho a la vivienda es un derecho de todos los mexicanos, y no vamos a permitir que se convierta en moneda de cambio político.
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